LA IMPOSICIÓN DE HACIENDA DE INTRODUCIR EN EL MISMO UNA CLÁUSULA DE CARÁCTER ECONÓMICO DA AL TRASTE CON LO QUE ERA UN ACUERDO CERRADO.
El pasado día 18 de junio de 2020, tuvo lugar el Pleno extraordinario de la Comisión Paritaria donde se iba a haber producido el ansiado acuerdo de encuadramiento. Previo al desarrollo de dicho Pleno, Función Pública nos trasladó un documento en el que se introdujo una cláusula, que en el texto inicial del acuerdo no figuraba, que indicaba que para que el acuerdo desplegase sus efectos económicos era preceptivo un informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos según establece el artículo 15 del RDL 2/2020 de 12 de enero. Esta cláusula, supuso la suspensión del Pleno puesto que solicitamos su retirada o la redacción de un texto alternativo, argumentando que éramos un Grupo de Trabajo de carácter técnico, que no tocaba hablar de asuntos económicos y que debíamos consultar con nuestra asesoría jurídica el posible impacto de la misma.
Las tablas retributivas que comporta la nueva clasificación profesional, figuran en el Acuerdo del 4 de marzo de 2019 por el que se firma el IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE, son compromisos firmados que la Administración tiene que cumplir con sus empleados y no procede ninguna cláusula en el Acuerdo de Encuadramiento que condicione la firma del mismo.
Se había establecido un Acuerdo de encuadramiento con Función Pública que contaba con la mayoría de la parte social (UGT 37,06% y CSIF 28,32%, otros, con cierta teatralidad, se bajaron del carro antes de tiempo por sus propias presiones internas) que habilitaría la activación de manera definitiva y progresiva del IV CÚ, puesto que es la premisa necesaria para, entre otros aspectos, la entrada en vigor de los Títulos VI (Ingreso y Promoción Interna) y VII (Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad) del mismo según lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, el desarrollo del Anexo II (posible cambio de régimen jurídico), la actualización de retribuciones del Anexo III y cobro de atrasos, la puesta en marcha de la Comisión para el estudio, análisis, ordenación y redefinición de los complementos de puesto de trabajo y el desarrollo de la Disposición Adicional Decimoprimera relativa a la Jubilación parcial, objetivo prioritario para la UGT.
Finalmente, de un total de 34.244 puestos de trabajo ocupados, se había acordado el encuadramiento del 99,49% de los mismos, es decir 34.069 puestos, lo que evidentemente suponía un importante logro dada la adaptación a un nuevo marco educativo y se habían dejado a estudio, con el compromiso de resolución en un plazo máximo de un mes, un total de 175 puestos de trabajo, lo que supone un 0,51% del total. La razón que explica que estos puestos quedaran para estudio posterior es que en el marco educativo no existen titulaciones adecuadas para determinadas actividades que se desarrollan dentro del convenio, fundamentalmente en el Ministerio de Cultura. Sin embargo los mecanismos que nos permite el propio Convenio para crear especialidades en determinados supuestos y asignar las correspondientes titulaciones de acceso para ellas nos hacía ser optimistas para una inmediata resolución (Art.8 y Art.10).
Igualmente, la firma del Acuerdo, permitía crear el Grupo de Trabajo que establece la Disposición Transitoria Segunda para el estudio del personal que, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera, pase a percibir un complemento personal de encuadramiento, personal encuadrado en el Anexo V, (Anexo vaciado sustancialmente al encontrar titulaciones que han permitido sacar a distintas actividades del mismo) y valorar el encuadramiento de dicho personal, en los casos que proceda, en un grupo profesional distinto.
Atrás habrían quedado meses de agotadoras e interminables reuniones del Grupo de Trabajo creado a tal fin, en las que UGT ha tenido que lidiar con continuos cambios de rumbo y decisiones caprichosas de algunas de las partes, en vez de dar fluidez y objetividad a los trabajos de estudio y análisis del Grupo. Hemos tenido que realizar muchos equilibrios para que el encuadramiento pudiera salir adelante, pero tenemos la firme convicción que este Acuerdo se podía y se debía haber producido hace mucho tiempo.
La injerencia de Hacienda ha provocado que desde el día 18 de junio se hayan producido numerosos contactos entre UGT y CSIF con Función Pública para intentar desbloquear la situación y que estos contactos se hayan traducido en numerosas reuniones al más alto nivel entre los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y Hacienda, sin embargo la situación no ha podido desembocar en acuerdos. Se nos pidió prudencia y colaboración para intentar llegar a un acuerdo y hemos sido pacientes durante estas semanas.
Entendemos que la situación socioeconómica del país tras la gravísima situación vivida los últimos meses ha impedido que el Ministerio de Hacienda haya hecho ninguna concesión y haya querido dejar claro que no se podía hacer frente a ningún pago aun cuando se firmara el Acuerdo de encuadramiento al estar los PGE de 2018 prorrogados y no disponer de partida presupuestaria destinada al efecto (desde UGT incluso propusimos que se actualizaran retribuciones en el último trimestre y percibir los atrasos en 2021).
atrasos incluyendo esta partida de gasto en el anteproyecto de Ley de PGE de 2021 como se nos ha propuesto finalmente, pero la posición última de CSIF ha impedido que pudiéramos llegar a un acuerdo mayoritario.
