El abandono escolar temprano es un reto al que se enfrentan todos los sistemas educativos, según señalan los informes de evaluación internacional. Su reducción es uno de los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en los ámbitos de educación y formación 2020. Para nuestro país, es un desafío esencial debido a sus elevados valores (17,3%), por encima de la media de la Unión Europea (10,2%).
La elección por parte de la Estrategia UE-2020 del abandono escolar prematuro como indicador en materia educativa -y no el fracaso escolar- subraya que, en la actualidad, la mera finalización de los estudios obligatorios resulta insuficiente para garantizar la inserción en el mercado laboral.
Desde el Gobierno se han puesto en marcha dos iniciativas tendentes a afrontar este reto: la reforma del sistema educativo -con la LOMLOE y la futura ley de la FP- y la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2021-2023.
Desde UGT, consideramos que para hacer frente a este reto hay que continuar aumentando las medidas que aborden la equidad del sistema educativo. No basta con destinar únicamente recursos económicos; además, es necesario incidir en el compromiso de todos los actores implicados en la tarea.
En nuestro estudio analizamos una serie de tasas, como son la de idoneidad y la tasa de repetición, que ayudan a medir la equidad y que se encuentran muy relacionadas también con la percepción del éxito escolar. Los estudios más recientes, junto a la comparativa con los sistemas educativos de nuestro entorno, muestran que una tasa de repetición mayor no es garantía de mayor excelencia ni permite atajar con mayor éxito el abandono temprano.
Así, una mayor flexibilidad en el sistema educativo permite poder atender mejor y de forma más personalizada al alumnado en desventaja y facilita una mejor orientación profesional con una oferta académica más diversificada. En relación a la FP, una mayor flexibilidad permitiría abordar el reto del abandono escolar temprano con mayor probabilidad de éxito a la hora de alcanzar los objetivos de educación y formación para 2020 que se planteó la UE.
Desde el Sector de Enseñanza de la FeSP-UGT, valoramos la inversión educativa del Ministerio de Educación y FP en los planes que afectan a la Digitalización, FP y Equidad. Consideramos que son una oportunidad para mejorar la formación de toda la ciudadanía y, por tanto, incidir directamente en el descenso del abandono escolar temprano. Además, consideramos fundamental abordar los aspectos que incidan en la mejora de las condiciones sociolaborales del profesorado. También es necesario hacer un mayor esfuerzo de inversión para avanzar en políticas educativas con medidas que afecten a la bajada de ratios, así como la reducción del horario lectivo del profesorado, que permita a los docentes afrontar los nuevos retos del sistema educativo.
También es fundamental paliar los condicionantes socioeconómicos mediante políticas destinadas a combatir este eje de desigualdad, que deberían permitir compensar las diferencias entre el nivel educativo y sociocultural de su hogar y el del centro educativo y traducirse en mejoras en la igualdad. El aumento de la dotación, el aumento en el número de becas y la revisión de los criterios de selección y admisión del alumnado en los centros podrían aumentar la equidad educativa y, por tanto, evitar la segregación escolar. Esta línea, que se encuentra en el espíritu de la LOMLOE, debe ser desarrollada en las normativas y políticas educativas autonómicas.
UGT considera fundamentales los siguientes aspectos para aumentar la equidad, la igualdad de oportunidades y reducir el abandono escolar temprano en nuestro sistema educativo:
• Flexibilizar los currículos, la organización de los centros y los métodos de trabajo hacia un aprendizaje más competencial, también en competencias digitales.
• Aumentar las plantillas para poder reducir las ratios, flexibilizar los grupos de alumnado y contar con los necesarios recursos de apoyo, especialmente en las primeras etapas de Primaria y en el primer ciclo de Secundaria para poder realizar una enseñanza más personalizada.
• Reducir la carga lectiva de los docentes para poder llevar a cabo su tarea de forma más eficaz. También favorecer la realización de grupos de trabajo y programas de modernización y experimentación educativa, así como licencias de estudios para reciclaje, especialización, investigación e innovación docente.
• Ofertar formación para el profesorado en aspectos como la atención a la diversidad, la coeducación, la acción tutorial, la digitalización, o la innovación educativa.
• Potenciar los programas socioeducativos, realizados por los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC) y de orientación profesional de los Equipos de Orientación, liberando a los orientadores de carga lectiva para que puedan realizar la labor de detección precoz de las dificultades, la atención educativa y el seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono. También es necesario flexibilizar la organización para posibilitar a los tutores una atención más personalizada.
• Aumentar la oferta formativa y de becas para el estudio en todos los niveles posobligatorios, especialmente en los grados medio y superior de la FP. Como país, no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar el talento de nuestros jóvenes. Hay que evitar que nadie quede fuera por falta de matrícula o carecer de los recursos económicos suficientes.
• Establecer sinergias con el mundo empresarial que permitan completar los itinerarios formativos con prácticas de calidad que posibiliten una posterior continuidad y estabilidad laboral.
• Favorecer y potenciar la relación escuela-mundo laboral incorporando también en esta labor a los servicios regionales de empleo.
Por último, consideramos que, si queremos continuar reduciendo el abandono escolar temprano, a la vez que adaptando y modernizando nuestro sistema educativo, es indispensable contar con una financiación adecuada, nunca inferior al 5% del PIB, además de contar con los medios necesarios que permitan avanzar en la equidad.
Aspectos como la detección precoz de las dificultades, la atención educativa, el seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono o la puesta a disposición de los profesionales de la enseñanza de los necesarios recursos de apoyo, entre otros muchos, no deben sufrir las consecuencias de una financiación insuficiente.
