#MerecemosRespeto
En la reunión de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias de 20 de febrero de 2020 se acordó con la administración penitenciaria la creación de un grupo de trabajo denominado ley de cuerpos en el que se intentaría generar una norma propia que recogiese nuestras especificidades dentro de la Administración General del Estado, actualizase una normativa muy antigua -en algunos casos preconstitucional- y, además, modernizase la administración en la que prestamos servicios.
Este grupo de trabajo tenía previsto su inicio en el mes de marzo de 2020, pero motivado por la pandemia y el estado de alarma se constituyó el 1 de julio de 2020, empezando a partir de esta fecha sus reuniones; durante este tiempo os hemos ido informando puntualmente una vez se han ido celebrando las mismas. Se trataba, como es evidente, de un grupo de una gran complejidad técnica y también de una dificultad de negociación porque esta ley o proyecto tenía que solucionar la deuda histórica que la administración mantiene para con sus trabajadores.
Fuimos avanzando en los diferentes títulos y apartados de la ley siendo conscientes de la necesidad de alcanzar determinadas reivindicaciones históricas de este colectivo:
- La adscripción del Cuerpo de Ayudantes al grupo B del TREBEP;
- Reclasificación de centros penitenciarios;
- Un nuevo organigrama adecuado a las tareas que efectivamente realizamos en los centros penitenciarios;
- Una adecuación de la adscripción de puestos de trabajo por razón de edad,
- El desarrollo de un Centro de Estudios penitenciarios que realmente se dedique a la formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal de la institución;
- Un sistema de jubilación anticipada que reconozca la dureza del medio en determinados puestos de trabajo;
- Un reconocimiento de nuestra condición de agente de autoridad, del principio de indemnidad y de la defensa jurídica del personal penitenciario por parte de su administración;
- Una nueva estructura de cuerpos penitenciarios que permita la creación de unos nuevos puestos de trabajo necesarios para el desempeño de nuestra actividad diaria, generando carrera administrativa y promoción profesional.
- La mejora de las condiciones del personal laboral que desarrolla sus funciones en II.PP.
Todos somos conscientes que en una negociación y en la situación en la que nos encontramos el apartado más complicado y complejo radica, precisamente, en el contenido económico de la propia norma; pero también resulta evidente que un proyecto de este tipo debe solucionar gran parte de la problemática descrita y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios; y la administración no podía ser ajena a esta necesidad sobre todo cuando venimos de un proceso de movilizaciones desarrollado en los años 2018 y 2019, provocado por la retirada de su oferta de la mesa de negociación. Esta era la fórmula que podía permitir el incremento económico tan merecido como inalcanzado hasta ese momento.
El 3 de diciembre del año pasado los sindicatos representativos de la mesa delegada de negociación de Instituciones Penitenciarias mantuvimos una reunión de trabajo con el Ministro del Interior precisamente para desbloquear y dar un impulso a determinados aspectos que se estaban encallando dentro del grupo de trabajo: la fórmula de adscripción del Cuerpo de Ayudantes al grupo B y la necesidad de empezar a confeccionar la memoria económica que acompañase a la ley.
En esta reunión el Ministro del Interior admitió las explicaciones recibidas por la parte social en relación con el grupo B y como tal se plasmaron en posteriores borradores; además, en la propia reunión y dirigiéndose al Secretario General, le indicó que era necesario empezar a trabajar la memoria económica. El Ministro se mostró bastante implicado en este proyecto reconociendo la necesidad de sacarlo adelante y manifestando con total claridad que una vez finalizado el acuerdo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el turno le correspondía a Instituciones Penitenciarias. Finalmente, el Ministro nos indicó que en el primer trimestre de este año el proyecto debería estar finalizado.
Con las sensaciones de tener un apoyo explícito del Ministerio al trabajo que se estaba realizando seguimos manteniendo numerosas reuniones del grupo de trabajo de trabajo de la ley de cuerpos, intentando llegar a puntos de consenso que permitiesen alcanzar un acuerdo. Durante todo este tiempo y desde el principio del grupo de trabajo estas tres organizaciones han presentado numerosas propuestas y borradores de todos los aspectos de la ley, a los que no se les ha dado publicidad al ser documentos internos del propio grupo de trabajo pero que a partir de este momento iremos sacando a la luz, como por ejemplo la memoria económica de la ley que fue propuesta y desarrollada por Acaip-UGT, CIG y CSIF en el grupo de trabajo y cuyo montante total alcanzaba los 180 millones de euros.
El 17 de febrero la administración penitenciaria nos remite un borrador de la ley de cuerpos ya denominada Ley de la Función Pública Penitenciaria al que pretende darle carácter definitivo a pesar de no existir consenso ni acuerdo en los aspectos más trascendentales de la norma; tratando así de impedir que hiciésemos constar nuestras discrepancias en una reunión formal de la mesa delegada de negociación a efectos de elevar el citado borrador con la postura de cada una de las organizaciones sindicales.
Por ello, Acaip-UGT, CIG y CSIF forzamos la convocatoria extraordinaria de la Mesa Delegada y presentamos el día 19 de febrero unas alegaciones al citado borrador que difundimos en los centros penitenciarios y que también enviamos al Ministro del Interior en escrito de 22 de marzo en el que solicitábamos su intermediación para intentar retomar la vía negociadora. La reunión extraordinaria se celebra el pasado 24 de febrero de la que queremos reseñar varias conclusiones:
1. No entendemos que se inicie ningún proceso de tramitación sin que, en primer lugar, la Administración eleve un texto definitivo de la Ley de Cuerpos a la Mesa Delegada de IIPP. Es la Mesa Delegada el órgano donde, tanto la Administración como cada uno de los sindicatos que la componen, deben dejar constancia de su posicionamiento final y manifestar, o no, su apoyo al documento. Además, de estas posiciones deben de tener conocimiento tanto el Ministerio del Interior, como los trabajadores penitenciarios.
- Acaip-UGT, CIG y CSIF entendemos que el actual borrador de la Ley de Cuerpos no contempla concreción temporal y deja pendientes de cerrar numerosas cuestiones; es totalmente incongruente, por ejemplo, tratar de integrar un cuerpo en otro sin definir claramente los tiempos en los que debe producirse esta integración. Y es evidente, que tampoco puede haber una Ley de Cuerpos sin memoria económica que la sustente y
- Los sindicatos Acaip-UGT, CIG y CSIF dejamos claro que NO AVALAREMOS CON NUESTRA FIRMA EL ACTUAL BORRADOR de la ley, NO LO APOYAREMOS ante ningún grupo parlamentario y NO LO DEFENDEREMOS delante de ningún Ministerio u organismo de la Administración. Además de los tres sindicatos firmantes de este comunicado, el Sindicato ELA también se posicionó inequívocamente en contra del
- Acaip-UGT, CIG y CSIF expusimos claramente a la Secretaria General que, cualquier posible acuerdo sobre el documento final, debe pasar porque exista en el mismo una fecha concreta para la integración en el grupo B del personal penitenciario del actual Cuerpo de Ayudantes, así como una acotación más clara para el resto de las medidas a desarrollar y recoger una memoria económica que respalde y permita el desarrollo de las diferentes medidas recogidas en esta
- La Administración se comprometió a informarnos de los avances que se fuesen
El pasado 10 de marzo presentamos un escrito al Ministro del Interior en el que le explicábamos la memoria económica de la ley de cuerpos que presentamos en el grupo de trabajo adjuntando al escrito las fichas de los diferentes puestos de trabajo y las tablas globales de incidencia de las medidas, desarrollo temporal de las mismas e incidencia porcentual sobre los presupuestos del Ministerio del Interior; y se la hicimos llegar porque desconocemos si la administración penitenciaria la había introducido en el borrador remitido al Ministerio unos días antes de la celebración de la reunión extraordinaria de la mesa delegada de negociación.
El día 26 de marzo y constatando la inexistencia de información por parte de la Secretaría general volvimos a remitir un escrito al Ministro del Interior en el que solicitábamos una reunión de trabajo en la que se nos indicase la situación exacta del proyecto normativo y en su caso poder solucionar las dificultades qué se hubiesen planteado. todo ello antes de cumplirse el plazo del primer trimestre de este año.
A día de hoy y después de finalizado el plazo establecido por el Ministro y transcurridos más de 45 días desde la celebración de la reunión extraordinaria de la mesa delegada de negociación de Instituciones Penitenciarias no tenemos ningún tipo de respuesta comunicación o indicación de la administración penitenciaria sobre la situación de un proyecto tan importante como éste. Y esta actitud únicamente puede calificarse como de falta de respeto a los empleados públicos penitenciarios.
Acaip-UGT, CIG y CSIF queremos que la Ley de la Función Pública Penitenciaria salga adelante, pero no a cualquier precio: presentar un proyecto de ley que no mejora las condiciones de trabajo de los empleados públicos no puede en ningún caso tener nuestro apoyo; una ley que no mejore las condiciones económicas del personal penitenciario no puede ser defendida por las organizaciones sindicales; una norma que no mejore realmente la institución no puede será asumida por nuestra parte.
Los sindicatos no vamos a ser cómplices de una norma con la que la administración pretenda lavarse la cara, pero no mejore, ni modernice, ni solucione los graves problemas que tenemos en nuestro medio. Nosotros no vamos a defender en ningún caso una norma que se lleve al Parlamento que no suponga la mejora económica y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de instituciones Penitenciarias.
Finalmente, el 7 de abril mantuvimos una reunión con los responsables de la Comisión de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, para comunicarles nuestra indignación por la actitud de la Administración e informarles de la situación actual. Se comprometieron a hacer llegar a las instancias adecuadas nuestras quejas para intentar desbloquear la situación.
Se ha registrado la comunicación de una concentración de representantes sindicales de las tres organizaciones ante la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el próximo día 22 de abril donde defenderemos la Ley de la Función Pública Penitenciaria que hemos venido desarrollando en los últimos 7 meses con plazos concretos, memoria económica específica y desarrollo temporal pactado. Posteriormente, se determinarán otras medidas en diferentes ámbitos en función del desarrollo de los acontecimientos.
Acaip-UGT, CIG y CSIF hemos sido absolutamente responsables durante la negociación y el desarrollo del grupo de trabajo; pero ante la falta de respeto al colectivo por parte de la Administración la mejor forma que tenemos para defender los derechos de los trabajadores y conseguir llevar a buen puerto este proyecto es la convocatoria de esta concentración.
En todo caso el personal penitenciario #MerecemosRespeto:
- por el trabajo que desempeñamos,
- por las condiciones en las que trabajamos,
- por los centenares de agresiones que sufrimos al año,
- por la falta de personal existente, aunque nuestra Administración mire para otro lado de forma habitual.
- por la profesionalidad con la que diariamente afrontamos nuestras funciones, como se está demostrado sobradamente en esta pandemia.
El personal penitenciario merecemos transparencia y buena fe de nuestra Administración, en lugar de oscurantismo en muchas de sus actuaciones; lo mínimo que nos merecemos es que se actúe de frente y con claridad.
En los diferentes módulos de la UNED que recientemente esta Administración ha resucitado, se presta una especial atención a explicar la resolución del Parlamento Europeo del 5 de octubre de 2017 sobre condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2062(INI)) en la que se reconoce que “el personal penitenciario lleva a cabo una función esencial en nombre de la comunidad y debe disfrutar de unas condiciones laborales que se ajusten a sus cualificaciones y que tengan en cuenta la naturaleza exigente de su trabajo”; y que “dado que el cometido del personal penitenciario es difícil y delicado, medidas como la mejora de la formación inicial y continua de dicho personal, el incremento de la financiación específica, el intercambio de las mejores prácticas, unas condiciones laborales dignas y seguras, y el aumento de los efectivos, son esenciales para garantizar que la privación de libertad en un establecimiento penitenciario se desarrolla en buenas condiciones; y que la formación continua ayudaría al personal penitenciario a afrontar los nuevos desafíos que surgen, como la radicalización en la cárcel”. Considerando que “un personal penitenciario motivado, especializado y respetado constituye una condición previa para unas condiciones de reclusión humanas y, por lo tanto, para el éxito de conceptos de reclusión diseñados para mejorar la gestión de las cárceles, el éxito en la reinserción en la sociedad y la reducción del riesgo de radicalización y reincidencia”.
Lo más curioso consiste en que gran parte de los profesores que lo explican son o han sido altos cargos de nuestra Administración Penitenciaria; que gran ejercicio de cinismo: reconocer los problemas, asumir las resoluciones, pero no aplicarlas en nuestra Institución.
