En la mañana de ayer, el Congreso apostó por nuevo sistema de educación superior con la aprobación de la LOSU, un texto que se queda corto como base para la reforma integral que necesita el sistema universitario español.
Hemos elaborado un documento, que puedes consultar aquí, sobre las cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal de las universidades.
En UGT venimos defendiendo desde hace tiempo que para alcanzar los objetivos de calidad, modernización e internacionalización es necesario un gran “Pacto por la Universidad”, con representación de toda la comunidad universitaria, que dé una solución eficaz y eficiente a los problemas que presenta el sistema.
Sin embargo, a nuestro juicio la publicación de la Ley sólo responde a la obligación, impuesta por la UE, de “reforma integral del sistema universitario”, ya que, al menos en el caso de los aspectos que afectan a las condiciones laborales del personal de las universidades, no ha habido ninguna forma de negociación.
Las Universidades, sobre todo en la última década, han recortado los derechos de sus trabajadoras y trabajadores y han buscado mecanismos para abaratar los costes de personal, malversando la Ley y/o incumpliéndola, de modo que la precariedad resultante ha superado con mucho el problema creado por las tasas de reposición. Con esta Ley Orgánica se ha perdido la oportunidad de revertir esta situación.
Las universidades se verán obligadas a reducir la temporalidad de su personal al 8%, pero la exclusión de algunas de las figuras docentes e investigadoras de este cómputo nos lleva a pensar que en este colectivo la tasa de temporalidad real se situará en torno al 20%.
No nos parece adecuada la configuración del sistema de acceso a la carrera profesional del profesorado, la eliminación de la figura del Ayudante y la escasez de ayudas predoctorales, que puede dar lugar a que solo aquellos privilegiados que puedan permitirse un doctorado accedan a la misma.
No vemos medidas en la Ley para eliminar la contratación en precario: los mecanismos implantados, transitorios en su mayoría, y la eliminación del requisito de acreditación para Ayudante Doctor podrían ser una solución, pero, al mismo tiempo, se crea un gran número de figuras de carácter temporal que, visto lo visto, podrían llegar a convertirse en las próximas figuras precarias. La experiencia nos hace preguntarnos ¿se cumplirá en todos sus términos o regresaremos a la actual precariedad en breve?
No compartimos las nuevas prerrogativas que se conceden a los rectorados, en la composición del Consejo de Gobierno y la posibilidad de contratación laboral eventual, o el aumento de la participación del estudiantado en el gobierno de la universidad que menoscaba la representación del personal de Administración y Servicios y del profesorado temporal.
Por otro lado, son muchos los temas que quedan para desarrollo reglamentario: la regulación de la conciliación de la vida profesional y personal, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas para la igualdad de género, o la atención a la inclusión y a la diversidad.
Valoramos otros aspectos contenidos en la Ley como, por ejemplo, el énfasis de la función docente, como pilar fundamental de la universidad pública, los sistemas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la instauración de las enseñanzas virtuales e híbridas (que podrán servir para que las personas trabajadoras puedan acceder a estudios superiores, compatibilizándolos con su actividad laboral), la regulación por primera vez de la situación del personal que se encuentra en los Centros Universitarios de la Defensa, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la obligación que se impone al propio Gobierno de regular el Estatuto del PDI en el plazo de 6 meses, o la regulación del profesorado tutor de la UNED en un año.
Esperamos que, para esto, se constituya definitivamente la Mesa Sectorial de Universidades.
Por el contrario, se pierde la oportunidad de regular aspectos verdaderamente dañinos para el sistema, como la posibilidad de desburocratización de la actividad docente e investigadora, la eliminación del reintegro de becas de estudio, o la instauración de responsabilidades y/o sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones.
Estaremos atentos a su desarrollo reglamentario, e implantación por las Comunidades Autónomas, y exigentes en la negociación.
