La semana pasada la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha anunciado la creación de una comisión de expertos para reformar la Ley de Función Pública actual, sin contar con la participación ni el consentimiento de las organizaciones sindicales, como UGT Servicios Públicos Extremadura, que representan legítimamente los intereses de los empleados públicos.
Es lamentable que se pretenda abordar un tema tan crucial para el futuro de la función pública sin la presencia y el aporte de quienes conocen de primera mano las necesidades y preocupaciones de los trabajadores. Durante la creación de la Ley de Función Pública hace nueve años, UGT desempeñó un papel fundamental en las negociaciones, trabajando codo a codo con la Administración para asegurar unas condiciones laborales justas y equitativas para todos los empleados públicos de nuestra región.
Nuestra labor como sindicato va más allá de la mera representación de los trabajadores. Somos un actor clave en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la comunidad. Es por eso que nos sorprende y preocupa que se nos excluya de un proceso tan importante como es la reforma de la Ley de Función Pública.
En lugar de centrarse en la elaboración de una nueva ley, creemos que es crucial priorizar el desarrollo y la implementación de aspectos aún por desarrollar y la introducción de nuevas medidas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Hay muchos puntos de la Ley de Función Pública que aún no se han desarrollado completamente y otros que necesitan ser actualizados para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y del propio sector público.
Por ejemplo, la creación de las Áreas Funcionales es una medida que, si bien está contemplada en la ley actual, aún no se ha implementado de manera efectiva. Estas áreas representan un avance significativo, ya que implican la agrupación de puestos de trabajo según sus características específicas o los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones y tareas asignadas. Representaría un cambio estructural importante en la organización del trabajo en la función pública. Al agrupar los puestos de trabajo de esta manera, se facilita una asignación más eficiente de las responsabilidades laborales, lo que a su vez contribuye a una mayor especialización y eficacia en la prestación de servicios públicos.
En cuanto a la clasificación de grupos y subgrupos, es importante destacar la inclusión del Grupo B, que está pendiente de desarrollo en la actual Ley de Función Pública de Extremadura. Es relevante mencionar que nuestra región es una de las pocas comunidades autónomas que ya han incorporado este grupo en su legislación. Ahora, lo que se necesita es poner en funcionamiento este grupo y proporcionar a los distintos puestos de trabajo la titulación exigida. En este caso, la exigencia es clara: el título de Técnico Superior. Esta demanda no es aleatoria, sino que responde a la necesidad real de reconocer las funciones superiores que algunos trabajadores deben desempeñar en sus puestos de trabajo. Creemos que es fundamental garantizar que los trabajadores cuenten con la formación y la titulación adecuadas para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y profesional.
La promoción profesional es un aspecto fundamental para el desarrollo y el bienestar de los empleados públicos. Introducir mejoras en este ámbito, como la promoción interna entre subgrupos, que implica una relación funcional entre ellos, es un paso importante para reconocer y recompensar el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores en su carrera profesional.
Otra medida atractiva y beneficiosa que aún no se ha implementado es la promoción cruzada, que permitiría a profesionales que se ven limitados en su desarrollo profesional encontrar nuevas oportunidades en diferentes áreas de la administración pública. Esta medida no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también enriquecería el funcionamiento de los servicios públicos al fomentar la diversidad de experiencia y conocimientos entre los empleados.
La promoción interna temporal es otra medida pendiente de desarrollo y muy demandada por los trabajadores. Esta medida no solo contribuiría a resolver problemas de contratación para la administración en categorías profesionales específicas, sino que también ofrecería a los empleados públicos la oportunidad de progresar en su carrera de manera temporal, adquiriendo nuevas habilidades y experiencias que beneficiarían tanto a nivel personal como profesional.
En cuanto a los procesos de acceso a la Función Pública, es necesario buscar fórmulas que agilicen los trámites sin comprometer los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los largos tiempos de espera entre la convocatoria y la resolución de los procesos deben reducirse para garantizar una administración eficaz y dinámica, es decir, resolverse en el mismo año en el que se produce la convocatoria.
La provisión de puestos de trabajo es un aspecto crucial en la gestión de los recursos humanos en la función pública. Es fundamental que estos procesos sean ágiles y eficientes, tanto en la provisión inicial de puestos como en la resolución de los procesos de traslados. En este sentido, la digitalización juega un papel fundamental, ya que permite llevar a cabo estos procesos de manera rápida y precisa.
Es preocupante que nos dotemos de normativas que establecen que los procesos deben ser abiertos y permanentes y nos encontremos con dificultades para cumplirlas debido a la falta de herramientas adecuadas. Esta situación afecta tanto al personal funcionario como al personal laboral, quienes se ven limitados en su desarrollo profesional por la falta de recursos tecnológicos.
Por otro lado, la promoción interna es un modelo que requiere una revisión profunda. Los procesos actuales son poco atractivos para los empleados públicos, ya que no difieren significativamente de las oposiciones de turno libre. Los temarios son demasiado amplios y las plazas ofertadas son insuficientes para cubrir la demanda interna.
Desde UGT Extremadura, proponemos la implementación de procesos de promoción interna más dinámicos y atractivos. Esto incluye la realización de cursos selectivos, la promoción interna entre subgrupos y la promoción en el propio puesto de trabajo. Estas medidas no solo beneficiarían a los trabajadores, sino que también contribuirían a mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos.
La jubilación parcial y el rejuvenecimiento de las plantillas son medidas fundamentales para garantizar la continuidad y el relevo generacional en la función pública. Es imprescindible que la administración sea atractiva para retener el talento y fomentar la incorporación de jóvenes profesionales.
La Comisión de Expertos también tiene previsto abordar el régimen retributivo y la carrera profesional de los trabajadores públicos. Desde UGT Extremadura, estaremos atentos a las propuestas que presente la administración en este sentido, pero queremos dejar claro nuestro compromiso con el principio de «a igual trabajo, igual salario».
Es inadmisible que exista discriminación en las retribuciones entre diferentes sectores de la administración, como la administración general, la educación y el Servicio Extremeño de Salud (SES). Todos formamos parte de una misma administración y, por lo tanto, los puestos de trabajo deben estar catalogados con los mismos perfiles profesionales y recibir las mismas retribuciones por igual trabajo realizado.
Es preocupante observar las grandes diferencias retributivas que existen entre el SES, Educación y la Administración General, especialmente en lo que respecta a los complementos retributivos. Esta situación crea desigualdades injustas entre los trabajadores públicos que desempeñan funciones similares en distintos ámbitos administrativos.
Por ello, desde UGT Extremadura, proponemos la igualación de los complementos retributivos en grupos superiores entre los diferentes sectores de la administración, así como la equiparación de las retribuciones de los empleados públicos de Extremadura a la media de las comunidades autónomas. Estas medidas son fundamentales para garantizar una verdadera igualdad salarial y laboral para todos los trabajadores públicos de nuestra región.
UGT también apuesta por la implantación de la Carrera Profesional Horizontal para el personal docente en esta legislatura.
La implementación de una jornada laboral de 4 días es un tema crucial que debe ser abordado durante esta legislatura. En su momento, Extremadura fue pionera al establecer las 35 horas semanales, y ahora queremos retomar ese liderazgo reintroduciendo esta jornada en la administración.
Cada vez más, los empleados públicos valoran la posibilidad de disponer de tiempo libre para poder conciliar sus responsabilidades laborales, familiares y personales. Esta medida no solo beneficia a los trabajadores, sino que también tiene un impacto positivo en la reducción del estrés, el aumento de la productividad y el fortalecimiento del sector servicios.
Es fundamental que se tomen medidas de conciliación laboral y familiar para garantizar el bienestar de los trabajadores y el buen funcionamiento de los servicios públicos. Desde UGT Extremadura, abogamos por la implementación de una jornada laboral más equilibrada que permita a los empleados públicos disfrutar de una mejor calidad de vida y, al mismo tiempo, contribuir a un servicio público más eficiente y efectivo para todos los ciudadanos.
En resumen, desde UGT Servicios Públicos Extremadura instamos a que se nos incluya en los trabajos de reforma de la Ley de Función Pública y se priorice la implementación y desarrollo de aspectos pendientes de la legislación actual. Solo así podremos garantizar unas condiciones laborales justas y unos servicios públicos de calidad para todos los extremeños.
M.ª Ángeles Rodríguez Márquez
Secretaria de Acción Sindical de UGT-SP Extremadura
