UGT Servicios Públicos Extremadura ha denunciado los graves retrasos y deficiencias que afectan a los empleados y empleadas públicas de la Administración General desde que, el 1 de diciembre de 2022, entró en vigor el Convenio de Asociación entre la Junta de Extremadura y FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. Este convenio cubre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales del personal de varios sectores de la administración.
Desde un principio, UGT se opuso a que el personal público fuera derivado a una mutua en lugar de ser atendido por el Servicio Extremeño de Salud (SES), pero la Administración decidió aplicar el acuerdo de forma unilateral. Ahora, los problemas que UGT advirtió en su momento se han materializado.
Un incidente reciente pone de manifiesto la gravedad de la situación: la semana pasada, un trabajador sufrió un accidente laboral y, debido a la falta de servicios especializados de la mutua en Extremadura, no recibió el tratamiento adecuado, lo que ha puesto en peligro su salud. Anteriormente, estos casos eran atendidos por los Servicios Sanitarios Públicos de Extremadura, que garantizaba una atención apropiada. Actualmente, FREMAP carece de los recursos necesarios dentro de la región para tratar ciertos casos de forma eficiente.
Además, desde que FREMAP gestiona la cobertura sanitaria de los empleados públicos, UGT ha detectado una drástica caída en el reconocimiento de los daños psicológicos como accidentes de trabajo. Estos daños son sufridos por los empleados y empleadas como consecuencia de los riesgos psicosociales a los que están expuestos en su trabajo. Esta falta de reconocimiento agrava la situación de muchos trabajadores y trabajadoras, ya que no reciben la atención adecuada ni el respaldo necesario.
UGT exige a la Administración que modifique este convenio o busque alternativas que garanticen a los empleados públicos de la Administración General una atención médica de calidad dentro de su propia comunidad.
Además queremos denunciar la falta de actuación ante los riesgos laborales en el CEE Proa de Cáceres. UGT reitera su denuncia contra la inacción de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ante los riesgos laborales que afectan al personal del Centro de Educación Especial (CEE) Proa de Cáceres. Este centro lleva tiempo enfrentando graves problemas de seguridad y salud laboral, sin que la Consejería haya tomado medidas a pesar de estar plenamente informada desde el año pasado, cuando UGT presentó un informe detallado.
El informe destaca la grave falta de personal en categorías esenciales como enfermeros, educadores y ATE cuidadores. Esta carencia ha incrementado el riesgo de problemas psicosociales en los trabajadores, que están sometidos a una alta carga de trabajo. Aunque los empleados del CEE Proa ya han solicitado una Evaluación de Riesgos Laborales, la situación sigue sin resolverse.
UGT extiende esta petición a todos los centros con características similares, con el fin de garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores públicos.
UGT insta a la Consejería y a la Administración a actuar urgentemente para corregir estas deficiencias y mejorar las condiciones de trabajo del personal afectado.
