UGT informa que se publica en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto-ley 2/2026,
de 13 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2015, de 26 de febrero, reguladora del
proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2026/20e/26DE0001.pdf
Esta modificación normativa tiene como objetivo regular la situación de interinidad del
Gobierno autonómico cuando finaliza una legislatura y aún no se ha constituido el
nuevo Ejecutivo, garantizando así la continuidad de la acción institucional y el
funcionamiento ordinario de la Administración.
Según se recoge en la exposición de motivos del decreto-ley, el Consejo de Gobierno no
ha aprobado hasta ahora un marco reglamentario específico que regule el estatuto de
actuación del Gobierno en funciones durante ese periodo de transición. Por este motivo, se
considera necesario adaptar la normativa vigente para asegurar la estabilidad
institucional y el correcto desarrollo de las funciones públicas mientras se produce la
investidura del nuevo presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.
La modificación introduce cambios en la Ley 1/2015 con el fin de establecer con mayor
claridad las competencias y límites de actuación del Gobierno en funciones,
siguiendo criterios similares a los aplicados en la normativa estatal y en otras comunidades
autónomas. Se pretende evitar vacíos normativos y garantizar que la Administración
autonómica continúe prestando los servicios públicos con normalidad.
El decreto-ley justifica su aprobación mediante el procedimiento de extraordinaria y
urgente necesidad, previsto en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, señalando la
importancia de disponer de un marco jurídico claro que permita actuar con seguridad
jurídica durante los periodos de transición política. Se indica que esta reforma busca
reforzar la transparencia institucional y delimitar adecuadamente las decisiones que
pueden adoptarse cuando el Gobierno se encuentra en funciones, evitando
actuaciones que puedan condicionar la acción del futuro Ejecutivo.
UGT considera fundamental que cualquier modificación normativa que afecte al
funcionamiento de la Administración pública garantice la estabilidad institucional, la
seguridad jurídica y la continuidad de los servicios públicos, elementos esenciales
para el correcto funcionamiento del sector público y la protección de los derechos de la
ciudadanía y de los empleados públicos.
UGT continuará analizando el contenido y las posibles implicaciones de esta norma,
así como informando a los Empleados/as Públicos/as.
