UGT Servicios Públicos Extremadura ha presentado en rueda de prensa sus propuestas para negociar un nuevo acuerdo con la Junta de Extremadura en el ámbito de la Mesa General de Negociación. El objetivo, según ha explicado su secretario general, Manuel Fernández Colomo, es “igualar y mejorar las condiciones de trabajo” del conjunto de empleadas y empleados públicos de la Administración autonómica, en los sectores de Administración General, Sanidad y Educación.
UGT considera que esta negociación debe ser “seria, útil y con compromisos concretos”, porque afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores que sostienen cada día los centros educativos, sanitarios, administrativos, sociales y el conjunto de servicios esenciales de Extremadura. Para el sindicato, defender al personal público es defender también la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
La organización sindical propone que el nuevo acuerdo se negocie dentro del ámbito de la Mesa General de Negociación y se estructure en cinco grandes grupos de trabajo: condiciones laborales, empleo público, retribuciones, conciliación personal y laboral, y servicios sociales. Estos bloques, ya acordados con el anterior Gobierno, deben mantenerse como base para ordenar una negociación amplia y dar respuesta a las principales demandas del personal público.
UGT ha recordado que estas propuestas parten del proceso de escucha activa desarrollado con las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura, un proceso que seguirá abierto durante toda la negociación. El sindicato se compromete a ser la voz de las plantillas y a convertir sus demandas en propuestas concretas, negociables y evaluables.
En materia retributiva, UGT plantea una reivindicación central: a igual trabajo, igual salario. El sindicato considera injustificable que una persona cobre diferente por realizar el mismo trabajo dependiendo del sector autonómico en el que preste servicio.
Por ello, UGT propone revisar el complemento de destino de cada grupo y categoría en los tres sectores de la Administración autonómica, con el objetivo de igualar retribuciones y corregir diferencias que no tienen justificación.
La organización sindical reclama también abordar de forma definitiva la reclasificación profesional de categorías que están mal valoradas y que, por tanto, sufren una discriminación también retributiva. Entre los ejemplos señalados figuran los cocineros, que en la Administración General están encuadrados en el grupo IV-C2 mientras que en el SES están en el grupo III-C1; el cuerpo administrativo, que debe encuadrarse en el C1; el cuerpo docente, que debe estar en el A1; las TEIS y técnicos superiores, que deben reclasificarse en el grupo II-B; y las TCAE, que deben pasar al grupo III-C1.
UGT insiste en que estas reivindicaciones no son nuevas, sino demandas históricas que llevan demasiado tiempo sobre la mesa y que ahora deben abordarse con voluntad política y negociación real.
Dentro del bloque retributivo, UGT propone revisar el plus de peligrosidad y penosidad en aquellas categorías que soportan condiciones adversas en su trabajo diario. El sindicato cita expresamente colectivos como camareros-limpiadores o celadores, que realizan tareas necesarias, exigentes y, en muchas ocasiones, poco reconocidas.
Además, UGT propone crear un plus de atención directa para aquellos puestos que no pueden acogerse a medidas de conciliación como el teletrabajo. La Administración debe reconocer que no todo el personal tiene las mismas posibilidades de organizar su jornada, ya que hay puestos que requieren presencia física, atención directa y disponibilidad constante.
El sindicato ha hecho también una mención expresa a las ATEs-Cuidadoras, un colectivo para el que exige acabar con la discriminación que sufre. UGT reclama que pasen al 100% de su jornada y cuenten con el 100% del tiempo de contrato anual, al considerar que no se puede seguir manteniendo una situación que genera desigualdad y precariedad en un colectivo imprescindible.
UGT reivindica la homologación salarial de las empleadas y empleados públicos extremeños de los tres sectores con la media de cada sector en el resto de comunidades autónomas. El sindicato lo resume con claridad: las empleadas y empleados públicos extremeños no son más que nadie, pero tampoco menos que nadie.
Para conseguirlo, UGT propone la creación de un plus de comunidad autonómico en los tres sectores, revisable anualmente, que evite que Extremadura vuelva a alejarse con el paso del tiempo de la media salarial del resto de comunidades autónomas.
En materia de empleo público, UGT defiende que una Administración fuerte necesita empleo estable, procesos ágiles y plantillas suficientes.
El sindicato propone reforzar los servicios de selección y provisión, revisar y profesionalizar los tribunales de selección y reducir los plazos máximos de los procesos selectivos. Para UGT, no es admisible que las personas aspirantes estén durante años pendientes de convocatorias, listados, exámenes o resoluciones que se retrasan en exceso.
UGT plantea también desarrollar y ejecutar el mecanismo para la eliminación de la tasa de reposición, tal como recoge el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía 2025-2028. Esta medida permitiría planificar mejor las necesidades reales de personal y avanzar hacia una Administración con recursos suficientes.
En cuanto a las oposiciones, UGT propone que los procesos de selección se ejecuten cada año, como ya ocurre en el ámbito docente. También defiende un único formato de examen tipo test, que facilite una corrección rápida y objetiva, así como bases, pruebas y mecanismos de selección adecuados a las plazas convocadas.
El sindicato reclama además la publicación del calendario y de las fechas de examen para que las personas aspirantes puedan organizar su preparación con tiempo, así como la publicación de temarios oficiales, una medida que aporta seguridad jurídica y garantiza igualdad de oportunidades.
UGT reclama criterios homogéneos y permeables en las bolsas de trabajo de los tres sectores de la Junta de Extremadura. El sindicato defiende que deben valorarse de forma clara y justa los ejercicios aprobados, los servicios prestados, la formación, la titulación y otros méritos.
También pide que se reconozca y valore la experiencia de quienes ya han trabajado en la Administración. Para ello, propone suprimir la penalización de más de seis meses que obliga a pasar al final de la bolsa y respetar la puntuación de cada persona para posicionarse en la misma.
Además, UGT plantea reducir o eliminar los motivos de exclusión de las bolsas y crear bolsas generales de empleo que faciliten el acceso a la Administración y permitan cubrir bajas, sustituciones y necesidades temporales sin tener que acudir constantemente a ofertas del SEXPE.
En materia de concursos de traslado, UGT propone que sean abiertos y permanentes, con resoluciones cada seis meses. Esta medida permitiría mejorar la movilidad del personal, aumentar la transparencia y organizar mejor los recursos humanos de la Junta.
Respecto a la promoción interna, el sindicato plantea nuevos mecanismos, como cursos selectivos o concursos de méritos, así como el desarrollo de la promoción cruzada y la promoción interna temporal. UGT defiende que el personal público tiene derecho a avanzar, mejorar y desarrollar su carrera profesional dentro de la Administración.
Sobre las comisiones de servicio, UGT reclama una regulación homogénea y transparente en los tres sectores de la Junta de Extremadura. La transparencia debe ser una norma básica en todos los procesos que afectan al personal.
UGT propone ampliar hasta tres días las jornadas de teletrabajo y revisar y ampliar las categorías que pueden acceder a esta medida. El sindicato defiende que el teletrabajo debe ser una herramienta real de organización y conciliación, siempre que las características del puesto lo permitan.
En relación con la jornada de 35 horas, UGT reclama una regulación clara para su aplicación en los tres sectores de la Junta de Extremadura. Para el sindicato, no puede haber dudas ni diferencias injustificadas en una medida que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores públicos.
En materia de formación, UGT pide ampliar los fondos destinados a la formación de las empleadas y empleados públicos, especialmente en materias como digitalización e inteligencia artificial. La Administración cambia, las herramientas cambian y el personal público debe tener derecho a formarse para adaptarse a esos cambios.
El sindicato reclama además que el acceso a la formación sea para todo el personal de los tres sectores y en todos los centros de formación de la Junta de Extremadura: la Escuela de Ciencias de la Salud, la Escuela de Administración Pública, los CPR y la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
En salud laboral, UGT plantea negociar un protocolo frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, así como reforzar los servicios de prevención y vigilancia de la salud con personal propio. Para el sindicato, la salud laboral debe estar en el centro de la organización del trabajo.
UGT también reclama ampliar los protocolos frente a agresiones y reconocer la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones a personal de la Administración General y a colectivos como educadores sociales, psicólogos y personal sanitario que desarrolla funciones fuera del ámbito sanitario, por ejemplo en centros de educación especial, centros de menores, centros de medidas judiciales o servicios de prevención.
El sindicato propone reforzar la formación en prevención de riesgos laborales y establecer mecanismos compensatorios para reforzar plantillas en aquellos centros donde exista un número significativo de adaptaciones de puestos de trabajo.
UGT incluye también entre sus propuestas la regulación del acceso a la jubilación parcial y anticipada. Para el sindicato, se trata de una medida necesaria para ordenar mejor las plantillas y dar respuesta a una realidad laboral que afecta a muchas empleadas y empleados públicos.
UGT Servicios Públicos Extremadura acudirá a esta negociación con responsabilidad, propuestas y voluntad de acuerdo, pero también con firmeza. El sindicato insiste en que las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura merecen reconocimiento, estabilidad, igualdad salarial, derechos laborales y condiciones dignas.
Para UGT, las propuestas presentadas tienen un mismo hilo conductor: mejorar las condiciones laborales, acabar con desigualdades y reforzar los servicios públicos. La ciudadanía extremeña merece unos servicios públicos fuertes, bien dotados y atendidos por profesionales con derechos.
UGT concluye con una idea clara: defender al personal público es defender los servicios públicos. El sindicato seguirá trabajando para que este nuevo acuerdo sea útil, justo y beneficioso para el conjunto de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura.
