UGT, CSIF y CCOO han anunciado este viernes el inicio de movilizaciones a partir del mes de septiembre ante el bloqueo de la negociación colectiva para la equiparación salarial de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura. Las tres organizaciones sindicales denuncian la falta de respuesta del Gobierno regional, reclaman un compromiso presupuestario real y advierten de que la brecha salarial con la media del resto de comunidades autónomas es ya insostenible.
UGT, CSIF y CCOO han comparecido este viernes en rueda de prensa para denunciar la situación de bloqueo que atraviesa la negociación colectiva del personal empleado público de la Junta de Extremadura y para anunciar que, si no se produce una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo regional, las movilizaciones comenzarán a partir del mes de septiembre.
En la rueda de prensa han intervenido Manuel Fernández Colomo, secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura; Jesús Solana Pedrazo, responsable de Acción Sindical del Área Pública de CSIF Extremadura; y Sonia García Hernández, portavoz del Área Pública de CCOO Extremadura.
Las tres organizaciones sindicales recuerdan que esta situación se arrastra desde la Mesa General de Negociación del 9 de abril de 2025, en la que se dio por concluido el seguimiento del anterior acuerdo Administración-Sindicatos y se planteó la creación de una comisión de negociación para avanzar en un nuevo acuerdo para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura.
En aquella reunión se acordó también la creación de cinco grandes grupos de trabajo: retribuciones, empleo público, condiciones de trabajo, medidas de conciliación y servicios sociales. Sin embargo, desde entonces no se ha producido una negociación real ni se han puesto en marcha los mecanismos comprometidos.
Las organizaciones sindicales señalan que el adelanto electoral y la posterior falta de actividad negociadora paralizaron un proceso que debía haberse iniciado mucho antes. Aunque el pasado 1 de junio se volvió a acordar la creación de una comisión de negociación y existía el compromiso de convocarla la semana siguiente, a fecha de 31 de julio dicha comisión no se ha constituido y tampoco se han activado los grupos de trabajo.
UGT, CSIF y CCOO subrayan que durante estos meses han mantenido contactos permanentes con la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y con los equipos de Función Pública, mostrando plena disposición a negociar para alcanzar un acuerdo antes del verano.
No obstante, las tres organizaciones denuncian que la Consejería ha ido retrasando la negociación con el argumento de que no podía comprometer una cifra destinada a la equiparación salarial del personal empleado público.
El último intento de desbloqueo se produjo el 22 de julio, en una reunión solicitada con carácter urgente a la consejera Elena Manzano y a su equipo de Función Pública. En ese encuentro, UGT, CSIF y CCOO plantearon diferentes salidas para abrir la negociación, entre ellas la posibilidad de firmar un acuerdo plurianual, de tres o cuatro años, que permitiera reducir progresivamente la brecha salarial con la media del resto de comunidades autónomas.
Las organizaciones sindicales denuncian que ninguna de estas propuestas obtuvo respuesta efectiva y que la reunión terminó cerrada de forma unilateral por la propia Consejería, bloqueando de nuevo la negociación.
Ante esta situación, UGT, CSIF y CCOO remitieron ese mismo día una carta a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solicitando una reunión urgente para intentar desbloquear el conflicto. A día de hoy, las organizaciones sindicales afirman no haber recibido respuesta alguna.
Para UGT, CSIF y CCOO, la responsabilidad del bloqueo recae en la Junta de Extremadura. Las organizaciones sindicales insisten en que no puede hablarse de negociación real si no se pone sobre la mesa una partida presupuestaria concreta destinada a corregir la brecha salarial del personal empleado público extremeño.
Las tres organizaciones advierten de que la situación es insostenible y que la brecha salarial supera el 20 % en términos generales, siendo especialmente grave en algunas categorías y, de manera particular, en la Administración General.
UGT, CSIF y CCOO recuerdan que la Administración General presta servicios públicos esenciales y que en ella trabajan profesionales como bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de residencias de mayores, centros de menores, centros infantiles y empleados que gestionan ayudas, pensiones y servicios fundamentales para la ciudadanía extremeña.
Las organizaciones sindicales reclaman una equiparación salarial real que afecte a los tres sectores: Administración General, Educación y Sanidad. Las competencias retributivas corresponden a la Junta de Extremadura y la negociación estatal del Estatuto Marco en Sanidad no impide ni sustituye la responsabilidad del Gobierno autonómico en materia salarial.
Para las tres organizaciones, no sería justo que un sector pudiera avanzar en su equiparación mientras el resto del personal de la Junta de Extremadura queda fuera de cualquier compromiso presupuestario. Por ello, reclaman que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluyan una parte de la masa salarial destinada a la equiparación de todos los ámbitos.
UGT, CSIF y CCOO advierten de que la subida salarial derivada de acuerdos estatales, aunque de obligado cumplimiento, no sirve para reducir la brecha salarial con otras comunidades autónomas, ya que se aplica al conjunto de empleados públicos de España. Por tanto, es necesaria una partida específica autonómica.
Las organizaciones sindicales consideran que se han agotado todas las vías de diálogo posibles sin obtener fechas, cifras ni compromisos concretos. Por ello, anuncian movilizaciones a partir de septiembre, sin descartar ninguna medida.
UGT, CSIF y CCOO defienden la necesidad de iniciar un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Junta de Extremadura. Las mejoras no pueden seguir quedando relegadas en la agenda del Gobierno regional ni convertirse en una tarea aplazada de forma indefinida.
Las tres organizaciones sindicales coinciden en que Extremadura no puede presumir de los presupuestos más expansivos de su historia mientras no destina recursos reales a mejorar las condiciones económicas de quienes sostienen los servicios públicos.
Asimismo, recuerdan que, en los momentos de crisis, las empleadas y empleados públicos fueron los primeros en asumir recortes, congelaciones salariales, reducción de retribuciones y pérdida de pagas extraordinarias. Por ello, consideran que en un momento de mayor recaudación y bonanza económica no hay excusas para no reparar esta situación de agravio.
UGT, CSIF y CCOO hacen un llamamiento a las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura para que se sumen a las movilizaciones que comenzarán en septiembre. En los primeros días de ese mes, las organizaciones concretarán el calendario y el tipo de acciones, sin descartar ninguna medida.
Las tres organizaciones insisten en que todavía existe margen para que la presidenta de la Junta de Extremadura desbloquee la situación y abra una negociación real con compromisos presupuestarios concretos.
UGT, CSIF y CCOO concluyen que, tras haber agotado todas las vías de diálogo, la única salida ante el bloqueo actual es la movilización. Las tres organizaciones llaman a la unidad de las empleadas y empleados públicos para exigir una equiparación salarial justa, reconocimiento profesional y condiciones dignas para quienes sostienen los servicios públicos de Extremadura.
