EDUCADORES/AS

Un trabajo esencial para la inclusión, la protección y el bienestar de las personas que merece reconocimiento y condiciones laborales dignas

Educadores y Educadoras sociales de la Junta de Extremadura desempeñan una labor imprescindible en los centros educativos, el sistema de protección y reforma de menores, los centros de atención a personas con discapacidad, los recursos residenciales de servicios complementarios educativos y agrarios así como en los servicios de intervención social.

Conocemos las dificultades que supone trabajar con personas en situación de especial vulnerabilidad, afrontar conflictos y situaciones de elevada complejidad, asumir importantes responsabilidades y desarrollar programas socioeducativos con plantillas y recursos que no siempre responden a las necesidades reales.

Es necesario reforzar su reconocimiento profesional, garantizar una mayor protección jurídica e institucional y mejorar sus condiciones de trabajo, atendiendo a las particularidades de cada ámbito de intervención.

Por eso seguiremos defendiendo:

  • Negociación de la funcionarización del colectivo de educadores sociales, atendiendo a las funciones, responsabilidades y características de los puestos desempeñados en la Junta de Extremadura.
  • Incorporación progresiva de educadores sociales a los centros de Educación Primaria, para intervenir de forma preventiva en situaciones de absentismo, acoso escolar, dificultades de convivencia, desigualdad social y vulnerabilidad familiar.
  • Mayor protección jurídica e institucional, negociando las medidas normativas necesarias para garantizar la seguridad y el respaldo de los profesionales ante situaciones de conflicto, amenazas o agresiones.
  • Implantación de protocolos específicos de prevención y actuación frente a agresiones, con evaluaciones de riesgos laborales adaptadas a los distintos ámbitos de intervención.
  • Apoyo psicológico especializado y evaluación de riesgos psicosociales, con medidas para prevenir el estrés laboral, la sobrecarga emocional y el síndrome de burnout.
  • Reconocimiento profesional y delimitación clara de sus funciones, garantizando su participación en los programas de intervención socioeducativa, inclusión, convivencia, mediación y bienestar de las personas usuarias.
  • Incremento de las plantillas estructurales y cobertura inmediata de bajas, permisos y vacantes, adecuando los efectivos a las necesidades de cada centro y servicio.
  • Fortalecimiento de la presencia de educadores sociales en los distintos servicios y recursos de la Junta de Extremadura, incluidos los servicios de protección de menores, recursos del IMEX, residencias educativas y centros de formación agraria, atendiendo a sus necesidades específicas.
  • Formación específica y continua en intervención socioeducativa, resolución de conflictos, salud mental, discapacidad, protección de menores y atención a situaciones de especial complejidad.
  • Reconocimiento y fortalecimiento de sus funciones en los centros educativos, especialmente en los programas de convivencia, igualdad, mediación, prevención del absentismo, inclusión y coordinación con las familias y los servicios sociales.
  • Refuerzo de los equipos educativos en centros de protección de menores y de cumplimiento de medidas judiciales, adaptando las plantillas y los recursos a las características y necesidades de los menores atendidos.
  • Reconocimiento y refuerzo de la intervención socioeducativa en centros residenciales de personas con discapacidad y recursos del SEPAD, garantizando programas que favorezcan la autonomía personal, la inclusión y la participación social.

La intervención socioeducativa no puede sostenerse a costa de la seguridad, la salud y la sobrecarga de sus profesionales. Garantizar una atención pública de calidad exige educadores sociales reconocidos, plantillas suficientes, recursos adecuados y condiciones laborales dignas.

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UGT Servicios Públicos Extremadura

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