El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condena a Correos y Telégrafos por vulnerar el derecho fundamental de la libertad sindical de UGT

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por los Servicios Jurídicos de UGT-SP y ha condenado a la empresa pública Correos y Telégrafos por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical de UGT, reconociendo el derecho de su sección sindical a contar un local y un tablón sindical aunque no tenga representantes en el comité de empresa

SS.JJ. UGT-SP. Cáceres, 18 de noviembre de 2026

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso de suplicación presentado por UGT-SP contra la sentencia de la Plaza nº 2 de Cáceres, del Tribunal de Instancia de lo Social, de fecha 16 de junio de 2026, que había concedido a la sección sindical un tablón de anuncios y 1.000 euros de indemnización, pero le había negado el derecho a contar con un local para el ejercicio de la actividad sindical.

La resolución, de 16 de noviembre de 2026, revoca ese pronunciamiento y condena a la sociedad estatal demandada a facilitar a la sección un tablón visible y un local funcional y suficiente, y a abonar 2.000 euros por vulneración de la libertad sindical.

La sección sindical quedó constituida el 6 de junio de 2024 en un centro de trabajo cuya plantilla superaba con holgura el umbral de 250 trabajadores que la ley toma como referencia para este tipo de derechos. La organización dirigió a la empresa dos requerimientos escritos, los días 6 de mayo y 26 de noviembre de 2025, en los que solicitaba la habilitación de un tablón de anuncios sindical y de un local adecuado para desarrollar su actividad. No obtuvo respuesta ni se le ofreció una alternativa funcional.

La empresa tampoco facilitó ninguno de los dos medios. La sección carecía de representantes en el comité de empresa, porque no obtuvo ningún puesto en las últimas elecciones sindicales, y esa ausencia de representación unitaria fue el eje del litigio.

La relación se rige por el convenio colectivo de la entidad, que mantiene vigente el Acuerdo Marco de Relaciones Laborales, cuyo apartado sobre medios materiales condiciona la entrega de locales a los sindicatos que hayan obtenido la representación legalmente exigida.

Agotada la vía previa, UGT-SP presentó demanda de tutela de derechos fundamentales. La sentencia de instancia estimó en parte la pretensión: condenó a la demandada a habilitar un tablón visible y a pagar 1.000 euros, y rechazó el local por considerar aplicable el Acuerdo Marco. El sindicato recurrió en suplicación y la abogacía del Estado, que llevó la defensa de la empresa, impugnó el recurso.

El tribunal sitúa el debate en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que reconoce a las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y a las de aquellos con presencia en los órganos unitarios el derecho a un tablón y a un local en centros de más de 250 trabajadores.

El precepto establece dos títulos alternativos de legitimación y no exige que concurran a la vez, de manera que basta con reunir uno de ellos.

La cláusula que remite a lo que se establezca en convenio colectivo permite ordenar y mejorar el derecho, no reducir su contenido, porque el convenio está subordinado a la ley y el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores impide rebajar los mínimos de derecho necesario.

Al tratarse de una norma orgánica que desarrolla el artículo 28.1 de la Constitución, la Sala descarta las lecturas restrictivas.

Para fijar la naturaleza de la facultad, la resolución se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012, recurso 67/2011. Esa doctrina la describe como una facultad instrumental de la libertad sindical que genera una obligación empresarial de puesta a disposición, configurada como derecho real de uso y de ejecución in natura, sin exenciones posibles cuando concurren los presupuestos legales.

La Sala separa este régimen del previsto en el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores para la representación unitaria, donde la dotación puede modularse según las características del centro, y rechaza trasladar esa cautela al derecho de las secciones sindicales.

Revocada la sentencia de instancia, restaba fijar la indemnización. El tribunal recuerda que el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social obliga a resarcir el daño moral y que la cuantía debe cumplir una función de prevención, con las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social como referencia. La negativa había privado a la sección de la práctica totalidad de los derechos del artículo 8.2 de la Ley Orgánica, en un centro de más de 250 trabajadores, por lo que eleva la compensación de 1.000 a 2.000 euros, en el tramo inferior del grado medio previsto para las infracciones graves.

El fallo estima el recurso, revoca la resolución de instancia y condena a la sociedad estatal demandada a poner a disposición de la sección sindical un tablón de anuncios visible en un lugar de adecuado acceso a la plantilla y un local funcional y suficiente para el desarrollo de su actividad, además de los 2.000 euros de indemnización. No impone costas.

La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de diez días hábiles. Desde UGT instamos a la entidad condenada a que no interponga recursos con los que se retrase el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales.

UGT-SP pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores sus servicios jurídicos, donde se encargarán de comprobar la viabilidad de su reclamación con total honestidad y profesionalidad y, en su caso, iniciarán el proceso correspondiente.

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