Correos vende la instalación de cajeros como herramienta contra la exclusión financiera rural al tiempo que elimina cientos de servicios postales rurales

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UGT  y CCOO denuncian que, al mismo tiempo que la dirección de Correos dice avanzar en la línea estratégica de acercar sus servicios a la ciudadanía, se han cerrado desde la actual llegada del presidente de Correos 240 puestos de atención a la ciudadanía, incluyendo oficinas, centros de reparto y servicios rurales.

·El problema es la incoherencia, señalan los sindicatos. La dirección está sustentando su gestión en meros golpes de efecto y marketing publicitario, mientras se olvida de la calidad del servicio y de la búsqueda de nuevas estrategias que permitan la mejora de la cuenta de resultados.

CCOO y UGT exigen que de una vez por todas se reoriente el rumbo del operador de forma seria, estructurada y consensuada con los agentes sociales, a través de nuevas políticas que permitan resituar el servicio postal público como agente dinamizador de la economía y reforzando sus tradicionales actividades (postal, paquetera y logística) con una diversificación de sus servicios desde una perspectiva social y de servicio público a la ciudadanía

 

Correos ha anunciado la instalación de 1.500 cajeros automáticos en oficinas de atención al público de todo el territorio nacional, destinando, según la información proporcionada, 300 de ellos a localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que bien no cuentan con oficina bancaria en la actualidad, o bien esté previsto su desaparición en los próximos meses. Ante este anuncio, las organizaciones sindicales mayoritarias en Correos, CCOO y UGT apuntan que “la incongruencia en las políticas que está implementando Correos, con su presidente Juan Manuel Serrano a la cabeza, está servida”.

Ambas organizaciones sindicales no entienden cómo al mismo tiempo que la dirección de Correos vende la instalación de cajeros automáticos en aras de “avanzar en la línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día aprovechando la capilaridad de su red de oficinas que se configura como un elemento relevante para el desarrollo económico”, se han cerrado, desde la llegada del actual presidente a la dirección de la empresa pública más de 240 puntos de atención a la ciudadanía entre oficinas, centros de reparto, y servicios rurales, con la consiguiente destrucción de miles de puestos de trabajo y reducción de horarios incluido -en algunos casos llegándose a quedar con una atención al público paupérrima de tan solo 15 minutos-.

El discurso, al igual que las políticas que se están llevando a cabo son totalmente incoherentes, advierten CCOO y UGT, y ese es precisamente el problema del actual presidente del operador postal público, ya que no se puede sustentar la gestión de una empresa pública en meros golpes de efecto publicitarios y políticas de marketing, dejando en el olvido tanto la calidad del servicio que se presta -aumento del 33% de las quejas y las reclamaciones en el último año-, como la búsqueda de nuevas estrategias que permitan la mejora de la cuenta de resultados -pérdidas de 264 millones de euros y que en los primeros seis meses de 2021 no ha conseguido mejorar-.  

La pregunta que cabría hacerse, según apuntan los sindicatos, es ¿qué pretende el presidente de la compañía con esta iniciativa?, y no hay otra respuesta posible que no sea el autobombo y el marketing publicitario, ya que la problemática estructural del cierre de sucursales bancarias no se arregla con la instalación de cajeros automáticos, porque es en realidad en los pequeños municipios rurales de menos de 1.000 habitantes donde se concentra el mayor envejecimiento de población -el 30% superan los 65 años y el 15% los 80 años- y es precisamente esa población la que mayor dificultad encuentra en este mundo cada vez más digitalizado para utilizar las herramientas tecnológicas.

Los sindicatos llevan tiempo advirtiéndolo, es necesario que Correos deje a un lado las políticas de desguace: recorte y precarización del empleo, trasvase y externalización de actividad, recorte en la red postal, desamortización del patrimonio histórico, etc. y en tanto en cuanto estas no se frenen, señalan, las movilizaciones continuarán. El futuro es halagüeño para el sector y se está viendo en otros países del entorno europeo, sus operadores postales están dando beneficios gracias a la apuesta de sus gobiernos como sector estratégico de futuro y a las políticas de diversificación implementadas por sus directivos.

CCOO y UGT exigen tanto a la dirección de Correos como al Gobierno, que de una vez por todas reorienten el rumbo del operador de forma seria, estructurada y consensuada con los agentes sociales, a través de nuevas políticas que permitan resituar el servicio postal público como agente dinamizador de la economía y de la sociedad en el que sus actividades principales -postal, paquetera y logística- sean reforzadas con una diversificación de sus servicios desde una perspectiva social y de servicio público a la ciudadanía analizando para ello sus necesidades, y estableciendo estrategias que permitan conseguir un servicio postal público de calidad, sostenible y de futuro.  

 

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