Este año, en el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el trabajo, queremos alertar sobre las condiciones de desprotección a las que se han visto obligados a trabajar las empleadas y empleados públicos durante la crisis sanitaria. Si bien otros años las bajas por accidentes o muertes laborales tenían un mayor peso en sectores productivos como la construcción o la industria, la pandemia del covid 19 ha hecho estragos entre el personal de servicios públicos, particularmente en el sector sanitario y de cuidados.
Actualmente, las cifras oficiales elevan a 40.000 los sanitarios que han dado positivo y 50 los fallecidos por covid 19. El segundo sector público más afectado por contagios es el sector postal. Aunque aún no disponemos de datos oficiales sobre el número de fallecidos entre los trabajadores públicos, sí podemos señalar que hay bajas en todos los ámbitos y los contagios siguen creciendo cada día.
UGT ha manifestado que “se ha echado en falta una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Los sindicatos hemos venido reclamando una mayor coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Trabajo y entre las Administraciones Públicas. Creemos que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debería haber liderado esta crisis. Y que consideramos que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social no ha podido atender todas las denuncias por el escaso número de efectivos. Y es que tenemos una de las más bajas ratios de Europa”.
Hoy más que nunca constatamos que la prevención de riesgos laborales salva vidas. Empresas y Administraciones han reaccionado tarde a la gravedad y a la exposición letal a la que se han visto sometidos los empleados públicos. Desde UGT, hemos venido denunciando desde el primer momento la falta de EPIs en el trabajo y hemos solicitado al Gobierno que el contagio por covid 19 en el centro de trabajo sea considerado accidente laboral.
Esta solicitud no va solo referida a aquellos empleados/as y trabajadores/as del sector público que se encuentran en alta en el Régimen General de la Seguridad Social, extensiva a todas/os las/os empleadas/as públicos pertenecientes al Régimen Especial de Clases Pasivas (Real Decreto Legislativo 670/1987) y diversas Mutualidades administrativas. Planteamos también que en todas aquellas actividades esenciales en materia de Servicios Públicos que comporten un riesgo manifiesto (todo el personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud, Policía Local y autonómicas, personal de los Servicios Sociales, Dependencia y Ayuda Domiciliaria, Servicios Funerario, Limpieza Viaria y Recogida de Basura, Transporte Sanitario, Personal Civil al servicio de la Administración Militar, Centros de Internamiento de Extranjeros, Centros de Protección de Menores, etc.) la relación causa-efecto (actividad desempeñada-adquisición covid19) se califique de manera automática como accidente laboral.
