La sanidad penitenciaria se encuentra al borde del colapso. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convoca 40 plazas de interinos a nivel nacional, sin asegurar su cobertura después de no renovar al mismo número de médicos que ejercían sus funciones en las prisiones españolas.
Según datos oficiales obtenidos del portal de transparencia a fecha 5 de junio de 2023, en el Centro Penitenciario de Badajoz tan solo hay dos de las ocho plazas existentes. A nivel nacional el déficit alcanza el 64% con 336 plazas sin cubrir de las 525 existentes, a lo que hay que sumar las bajas por enfermedad u otras circunstancias que aumenta la falta de facultativos en prisión.
Desde ACAIP-UGT denunciamos que esta situación es insostenible. Hace unos meses se anunció la contratación de nuevos interinos para paliar el problema, lo que no se dijo es que previamente iban a despedir a los que ya estaban trabajando por lo que el número no ha variado, sin embargo, el déficit aumenta año a año, y nada garantiza que las plazas se cubran. De hecho, esto ya ha ocurrido. El trabajo en un centro penitenciario es complejo y pocos médicos optan a las plazas.
Los facultativos en prisión tienen una importancia vital para el normal funcionamiento de los centros, deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias. Además, es imprescindible una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos. Por tanto, no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.
La población reclusa se caracteriza por tener elevados problemas de salud derivados de adicciones, o de una atención deficitaria en el exterior ya que, normalmente, se trata de personas poco sujetas al sistema, por lo que es prioritaria la atención médica inicial que no puede realizarse por sistemas como la telemedicina, sino que requiere de una atención personalizada y presencial. A modo de ejemplo, en el año 2021 tuvieron que ser atendidas 265847 urgencias, casi veinte mil de las cuales vinieron derivadas de incidentes regimentales, además, el 43% de las altas en las camas de enfermería de los centros están relacionadas con patologías psiquiátricas, por lo que la supervisión médica es imprescindible.
Con este escenario es imposible atender las necesidades de los internos, y la realización de guardias, lo que nos aboca a la ausencia de facultativos en los centros penitenciarios. El colapso de la sanidad penitenciaria es cada vez más palpable, no se puede poner parches a un problema cuya solución pasa por el cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud, que, en su disposición adicional sexta, establece que las Comunidades Autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 20 años después tan solo Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco.
Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.
