UGT considera que reducir la ratio y estrechar la vigilancia por parte de las administraciones incidirá directamente en la calidad asistencial de los dependientes
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha señalado que el Gobierno debe incluir la mejora de las condiciones laborales y de la prevención dentro entre las prioridades del Plan de Choque para impulsar el sistema para la autonomía y la atención a la Dependencia.
El sindicato considera fundamental invertir parte de los 600 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere incluir en los presupuestos generales para mejorar el Sistema de Ayuda a la Dependencia, las condiciones laborales y la prevención de las trabajadoras de la dependencia.
UGT ha venido denunciando multiples ineficiencias en el sistema, como la ratio de número de dependientes por trabajador que marca la ley -esta proporción es inadecuada, tanto por la cantidad como por la fórmula de aplicación (se tiene en cuenta el total de trabajaodres de un centro, no solo los destinados al cuidado de dependientes-; los desajustes entre las funciones reales que cumplen las trabajadoras y su categoría profesional; la necesidad de más prevención laboral y mayor vigilancia por parte de las administraciones para que se cumplan las normas. Destinar parte del fondo previsto a dignificar el sector y subsanar estas faltas hará que el sistema cumpla con el cometido que se le asignó: asistir de forma apropiada a nuestros dependientes.
UGT ha recordado que desde 2013 ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema, substanciadas en varias quejas ante el Defensor del Pueblo, manifestaciones, concentracioneses y cartas a las consejerías y ministerios competentes y no firmó el último convenio Estatal porque entendió que castigaba aún más un sector altamente feminizado y precarizado. Ahora es el momento idóneo para que la patronal y las organizaciones sindicales se sienten a negociar un nuevo convenio estatal y no considera prudente manifestarse en las calles, dada la situación sanitaria que atraviesan muchas Comunidades Autónomas, pues podría ponerse en riesgo la salud de unas trabajadoras que ya han estado muy expuestas al Covid-19 y que además son un sector directamente en contacto con unos de los colectivimos más vulnerables a esta pandemia.
