Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos y Ana Francés, secretaria federal de Salud y Sociosanitario se han reunido hoy con Mónica García, ministra de Sanidad. Los dirigentes sindicales han aprovechado este primer encuentro para hacerle llegar a la ministra las prioridades de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud que ayudarán a mejorar la sanidad pública de nuestro país.
Los responsables de UGT han planteado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la necesidad de reforzar la Atención Primaria. El sindicato ha señalado la urgencia de convocar el Comité Consultivo del SNS para afrontar las carencias del sistema y en especial de la Atención Primaria que, una vez más, se ha mostrado el eslabón más débil ante la epidemia de virus estacionales que sufre el país. Una propuesta que la titular de Sanidad comparte, por lo que ha adquirido el compromiso de convocar este órgano de participación lo antes posible. La escasez presupuestaria y de recursos humanos en el sector es una de las cuestiones que más preocupa a UGT Servicios Públicos. El sindicato aboga por una mejor planificación de los recursos humanos que garantice el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios y la atención a las necesidades reales de la ciudadanía, incluida la población de la España vaciada. En esta línea, UGT Servicios Públicos ha pedido al Ministerio de Sanidad que, aprovechando tramitación parlamentaria del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, apremie al Ministerio de Hacienda para que se suprima la tasa de reposición en el ámbito del personal estatutario de los Servicios de Salud. La previsión del aumento de la misma al 120%, aunque mejora lo anterior, aún resulta insuficiente. Se trata de una cuestión clave que, complementada con la modificación sustancial del Estatuto Marco; la adecuada planificación de los Recursos Humanos y los procesos de estabilización, contribuiría decisivamente a reducir la temporalidad en los servicios de salud y en el INGESA.
Reforma del Estatuto Marco: una prioridad para el Sindicato
El sindicato ha pedido ambición a Mónica García para adaptarlo a los nuevos tiempos y convertirlo en el marco legal de referencia que dé respuesta a toda la problemática del personal de la sanidad pública española. Algunos objetivos para nuestra organización pasan por aclarar su ámbito de aplicación con respecto al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; regular la jubilación anticipada; mejorar promoción y carrera profesional; concursos abiertos y permanentes; pagas extraordinarias completas; la reclasificación profesional; la ineludible actualización de funciones -vigentes desde los años 60 y 70-e incluir la jornada laboral semanal máxima de 35 horas. Esta regulación impediría que algunas autonomías como Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana apliquen una jornada de 37,5 horas así como el INGESA.
El sindicato también ha pedido la revisión y actualización de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), la cual regula el ejercicio de las profesiones sanitarias; la formación de los profesionales sanitarios; el desarrollo profesional y su reconocimiento; el ejercicio profesional en el ámbito privado y la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.
Uno de los temas a desbloquear en 2024 es el desempeño de las enfermeras/os en los puestos de carácter directivo ya que en muchos servicios de salud (Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, CYL, Murcia etc.) y en el INGESA (Ceuta y Melilla) no se les permite desempeñar un puesto de carácter directivo como Gerentes de Atención Primaria, de hospitales o de Directores/as de centros de salud, como si se permite a otras profesiones de Grado Universitario, y en algunas y algunos territorios donde venían desempeñándolos como es el caso de Navarra y Extremadura los tribunales están fallando en contra. No podemos dejar en manos de los tribunales lo que corresponde desbloquear al Ministerio de Sanidad vía reclasificación profesional y modificando la LOPS, pues se trata de puestos en los que no se ejercen funciones asistenciales, sino de gestión y que deberían poder ser ejercidos también por estos profesionales sanitarios.
Abordar la salud laboral y salud mental de los profesionales
En España, la Incapacidad Laboral por contingencias relacionadas con la salud mental es calificada, mayoritariamente, como enfermedad común. Sin embargo, desde 2010, la Organización Internacional del Trabajo incluyó los trastornos mentales y del comportamiento en su lista de enfermedades profesionales. Además, la Organización Mundial de la Salud ha incluido el síndrome del trabajador quemado o burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).
Actualmente es obligatorio, según la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos psicosociales y adoptar medidas en el seno de las empresas para reducirlos o eliminarlos. UGT Servicios Públicos ha exigido a la ministra el reconocimiento de los riesgos psicosociales en la sanidad como enfermedad profesional y la inclusión de la Covid-19 en el listado español de enfermedades profesionales, tal y como está contemplado en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023/2027 y de conformidad con la Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión de 28 de noviembre de 2022 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales.
