Las organizaciones patronales: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, y las organizaciones sindicales: CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del sector, manifiestan que:
Los Centros de Asistencia y Educación Infantil Privados de la etapa 0-3 años, como vienen anunciando desde junio, se encuentran en una situación crítica debido a la irrupción de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Al mismo tiempo, miles de trabajadoras de esta etapa educativa, están sufriendo de manera directa las consecuencias de dicha situación, posicionando a la etapa del 0-3 años como el eslabón más débil y más desprotegido de todo el sistema educativo español.
Con anterioridad a esta crisis sanitaria, este sector ya se encontraba padeciendo una fuerte crisis ocasionada por muchos aspectos: desde la aparición de competencia desleal de centros autorizados y no autorizados pero que invaden ilícitamente el espacio de la educación infantil y a los que más abajo nos referiremos, hasta el más que preocupante descenso de la natalidad en nuestro país. Esta pandemia, así, no ha hecho más que potenciar la gravedad de esta situación, pues, al no tratarse de una etapa educativa obligatoria, las medidas de conciliación, así como el miedo al propio virus (es importante resaltar que los Centros Privados de Educación Infantil, son centros seguros, que cumplen con todos los protocolos higiénicos-sanitarios, tal y como muestran los datos de Educación y Sanidad, lo que garantiza la seguridad de todo su personal y alumnado), han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%.
Cabe recordar que antes del inicio de esta crisis sanitaria, existían en nuestro país más de 5.100 centros que albergaban a más de 250.000 alumnos y alumnas, y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría mujeres con una titulación superior. Esta situación está derivando en el cierre constante de centros, superándose en la actualidad el 10% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.
Asimismo, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, tampoco ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación, dejando fuera de las exoneraciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social a este sector. Esta cuestión es de una extrema importancia, pues no es comprensible que se tengan en cuenta solamente criterios económicos en cuanto al PIB (cuestión relevante para fijar los CNAE afectados) y se haga caso omiso a la dramática situación de otros sectores, que, como el de los Centros Privados de Educación Infantil, realizan una importantísima labor educativa y social, y que además, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral.
Merece una mención especial la competencia desleal que se lleva ejerciendo durante muchísimos años por parte de las llamadas “madres de día”, ludotecas y otros establecimientos que, al amparo de una licencia municipal de actividad, actúan y se publicitan como centros educativos, sin contar con la autorización de la administración educativa competente. Esta situación se lleva poniendo en conocimiento de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos desde hace más de 8 años, sin que dichas administraciones tomen medidas al respecto.
Asimismo, las organizaciones firmantes de esta declaración quieren expresar igualmente su preocupación y oposición ante el proyecto de gravar con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) los servicios que prestan los centros de educación infantil. La aplicación del IVA a este sector educativo, exento hasta el momento, en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría un encarecimiento inasumible de este servicio para las familias, lo que en la práctica comportaría la desaparición de los centros, y la consiguiente destrucción de empleo.
Por todo lo anterior, las organizaciones más representativas de este sector, formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera, solicitamos, de forma urgente, la aplicación de actuaciones por parte de la administración pública que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo en la base del sector educativo, de vital importancia en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de quienes conformarán la sociedad del mañana, así como la paralización de la posible iniciativa de gravar con el IVA este sector educativo. En este sentido, es fundamental la implementación de ayudas económicas extraordinarias que eviten el cierre de los centros de educación infantil privados.
Desde las organizaciones empresariales y sindicales que ostentan el 100% de la representatividad de este sector, queremos advertir de las gravísimas consecuencias que tendría la desaparición de un sector educativo, y la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en su mayoría femenino, joven y cualificado.
