UGT advierte de los graves perjuicios que supondrá la nueva regulación de las Residencias Escolares Públicas impulsada por la Consejería de Educación. La propuesta supone una modificación sustancial e injustificada de la plantilla y la organización de estos centros, reduciendo drásticamente la presencia de Educadores Sociales y afectando a decenas de trabajadores. El sindicato exige transparencia, diálogo y la convocatoria inmediata de sus representantes en las negociaciones
UGT Servicios Públicos Extremadura ha tenido conocimiento de la existencia de un Borrador de Decreto para regular las Residencias Escolares Públicas que afecta a Residencias de Estudiantes de Secundaria y Escuelas Hogar de la región, así como a sus trabajadores.
Según informaciones transmitidas por los trabajadores de estos centros (y no por la Administración), el próximo 10 de marzo se producirá una reunión entre la Consejería de Educación y los Directores o responsables de los centros en el IES Universidad Laboral de Cáceres, reunión a la que no estamos convocados los sindicatos que representamos a los trabajadores.
En la actualidad, todas las Residencias de Estudiantes y Escuelas Hogar cuentan en plantilla con Educadores, Cocineros, Ayudantes de Cocina y Camareros. Algunas Residencias también cuentan con Encargado, Vigilante, Intendente, Oficial de Segunda Mantenimiento, ATS y Ordenanzas, cuyo número total asciende entre 70 y 90 trabajadores.
Este Borrador introduce cambios organizativos y de personal muy importantes, entre otros, dotar a los centros de un mínimo de tres docentes, en detrimento de los educadores sociales, de los cuales solo quedaría uno, atribuyendo funciones de custodia y atención integral a los primeros. Estas funciones han sido hasta ahora desempeñadas por los Educadores y son propias de su competencia dentro de la intervención socio-educativa en el ámbito de la educación no formal, quedando ahora adscritos al Personal de Administración y Servicios.
Queremos recordar que la inmensa mayoría de los menores atendidos en estos centros provienen de familias con problemas económicos, familiares y sociales. Estos menores están escolarizados en colegios e institutos de las localidades en las que se encuentran los centros y, en algunos casos, la Junta de Extremadura ha asumido su guarda o tutela. No se entiende la modificación introducida que deja a un solo Educador por centro.
La mayoría de las Residencias y Escuelas Hogar disponen de entre 2 y 5 Educadores, excepto el centro de Caminomorisco, que dispone de 11 y pasaría a tener solo 1 según el Borrador. Otras categorías no se contemplan o solo aparecen en circunstancias excepcionales, mientras que algunas verán reducido su número al no ajustarse a la dotación de personal prevista en el Borrador de Decreto.
Los trabajadores solo conocen pinceladas del Borrador de Decreto y la existencia de la reunión del 10 de marzo. No se sienten escuchados ni tenidos en cuenta por la Consejería de Educación y nos trasladan su indignación ante la opacidad de una cuestión tan trascendental que afecta a sus puestos de trabajo y sus vidas personales y familiares.
Por último, la Consejería de Educación aborda en el Borrador la reascripción del personal afectado, utilizando erróneamente este concepto. Si la reubicación planteada implica un cambio de localidad, se trataría de un traslado forzoso, lo que conllevaría indemnización para el trabajador afectado. Estas indemnizaciones podrían ascender, según Convenio, entre 300.000 y 450.000 euros para el total de empleados públicos que previsiblemente se verían afectados.
UGT exige certezas para los trabajadores, para la cual UGT ha solicitado, vía registro, reunión con la Consejera de Educación. Aunque consideramos necesario dotar a estos centros de un reglamento de funcionamiento y organización, no compartimos la modificación sustancial e injustificada planteada por la Consejería de Educación. Solicitamos una respuesta a la mayor brevedad posible.
