El pasado miércoles día 25 de junio se aprobó en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la autorización para la contratación de 20 plazas en tres hogares de inserción sociolaboral destinados a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, en las localidades de Badajoz y Cáceres, por un importe de más de 3,5 millones de Euros y para el período del 1 de Noviembre de 2025 hasta el 31 de Octubre de 2027.
En rueda de prensa posterior de la Consejera de Salud, se anunció la garantía de dos trabajadores por turno, la incorporación de la figura de auxiliar de control educativo, la disposición de sistemas de alarma (botón de pánico), protocolos en situaciones de violencia, herramientas técnicas de riesgo de reincidencia, proyectos educativos más integrales y el refuerzo de personal de seguridad y educativo en el Centro de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz, lo cual fue ratificado ayer en el debate de la región por la Presidenta de la Junta de Extremadura.
Estas acciones son medidas de choque puntuales, llegan tarde y no resuelven el problema que vienen sufriendo la atención y protección a menores, además son medidas unilaterales y sin negociación colectiva, lo cual impide se avance en mejoras reales que redunden en la prestación de unos servicios adecuados.
UGT considera un error grave mantener la privatización de los servicios de atención directa a menores dado que las mayores garantías de un servicio integral de calidad y el respeto a los derechos de los trabajadores es que éstos sean públicos. Van a otorgarse más de 3,5 millones de Euros a empresas privadas que presentan múltiples denuncias a nivel nacional tanto en lo relativo a la atención a los usuarios como por incumplimientos de convenios y los derechos de los trabajadores. Parece que la Junta de Extremadura no ha aprendido nada de la tragedia ocurrida el pasado mes de marzo en Badajoz.
Con respecto al ámbito de Servicios Sociales de forma general, la Administración se comprometió con los sindicatos en la última Mesa General de Negociación que se constituiría un grupo de trabajo específico de Servicios Sociales para abordar la necesidades del sistema y la búsqueda de soluciones en todos los ámbitos incluidos.
Desde UGT exigimos la convocatoria inmediata de este grupo de trabajo que aborde de manera global el cumplimiento de los compromisos para la prestación de servicios públicos de calidad, sin menoscabo de los derechos que corresponden a los trabajadores, instando a que se materialice a la mayor brevedad posible.
