UGT Servicios Públicos Extremadura rechaza los servicios mínimos impuestos por la Junta de Extremadura para la huelga del 11 de noviembre, al considerarlos abusivos y desproporcionados. El sindicato denuncia que se han incrementado respecto a convocatorias anteriores, especialmente en los centros educativos y en los dependientes de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, limitando el derecho fundamental de huelga de numerosas trabajadoras y trabajadores.
Mérida, 10 de noviembre de 2026. UGT Servicios Públicos Extremadura denuncia que los servicios mínimos establecidos en el ámbito de Administración General exceden lo estrictamente necesario para garantizar los servicios esenciales y restringen injustificadamente la participación de las plantillas en la huelga convocada para mañana, miércoles 11 de noviembre.
El sindicato considera especialmente desproporcionada la exigencia de un docente por cada 60 estudiantes o fracción en los centros de Educación Infantil y Primaria, y uno por cada 90 en los institutos de Secundaria, además de la presencia obligatoria de los equipos directivos.
UGT recuerda que el derecho a la educación es compatible con el derecho fundamental de huelga y que los centros educativos no deben convertirse en meros espacios de custodia del alumnado.
Asimismo, denuncia el incremento de los servicios mínimos en los centros sociales y asistenciales, que, a juicio del sindicato, impide ejercer este derecho a un número excesivo de empleados públicos.
UGT reconoce la necesidad de garantizar la atención imprescindible en centros de Educación Especial, residencias y servicios destinados a personas vulnerables, pero rechaza que estas circunstancias justifiquen restricciones generalizadas al conjunto de las plantillas.
UGT exige a la Junta de Extremadura que revise los servicios mínimos y garantice su proporcionalidad, respetando tanto la atención esencial a la ciudadanía como el derecho de huelga de las trabajadoras y trabajadores.
El sindicato advierte de que los servicios mínimos deben garantizar los servicios esenciales, no servir de instrumento para vaciar de contenido el derecho fundamental de Huelga reconocido en la Constitución.
