UGT denuncia un cambio unilateral con el plazo ya cerrado que pone en riesgo la igualdad en el acceso al empleo público

Tras la publicación en el DOE de la Orden de 13 de abril de 2026, que modifica las convocatorias de 23 de diciembre de 2024 para el acceso a plazas de personal laboral de la Junta de Extremadura, UGT ha vuelto a trasladar a la Dirección General de Función Pública el profundo malestar existente entre aspirantes y personal público.

UGT rechaza de forma contundente estos cambios, al haberse producido con el plazo de solicitudes ya cerrado, alterando las condiciones iniciales del proceso sin posibilidad de adaptación por parte de las personas interesadas. Esta actuación genera inseguridad jurídica y vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, denuncia que la medida ha sido adoptada de forma unilateral, sin negociación previa en la Mesa correspondiente, pese a que UGT ya advirtió desde el inicio de las consecuencias de esta decisión.

Especialmente grave resulta la reducción de la nota mínima para acceder a listas de espera de 5 a 3 puntos, lo que provoca situaciones injustas, como que aspirantes con altas calificaciones puedan quedar relegados por detrás de personas que no han alcanzado el aprobado. Asimismo, UGT recuerda que ya alertó de los problemas derivados de los cambios introducidos en la regulación de listas de espera, que no han garantizado un sistema justo ni eficaz.

Estas modificaciones suponen una devaluación del sistema, perjudican a quienes han accedido con mayor esfuerzo y reducen el nivel de exigencia en el empleo público, sin beneficiar realmente a ninguna de las partes implicadas. UGT considera que responden a una necesidad inmediata de cobertura de plazas, sin valorar sus efectos a medio y largo plazo.

Por ello, UGT solicita la revisión de estas medidas, su negociación en los órganos correspondientes y la adopción de alternativas más equilibradas, como la mejora de los criterios de corrección, la homogeneización de temarios y la implantación de listas diferenciadas que prioricen a las personas aprobadas. Asimismo, insiste en la necesidad de abordar una reforma coherente del Reglamento General de Ingreso que garantice un sistema justo, transparente y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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