El sindicato denuncia incoherencias políticas, externalización de funciones reservadas a funcionarios y precariedad laboral en el Grupo Público GPEX
UGT Servicios Públicos Extremadura advierte al Gobierno autonómico de que el crecimiento del empleo en el Grupo Público GPEX no debe sustituir ni frenar la necesaria creación de empleo público estable y de calidad. Tal como ha publicado un medio regional, GPEX alcanzará en 2025 su nivel máximo de contratación en los últimos 15 años, con una media de 1.548 trabajadores, un dato que evidencia la creciente externalización de servicios públicos a través de empresas.
La distribución de este personal se reparte de la siguiente manera:
- GPEX (Gestión administrativa): 1.314 personas
- GEBIDEXSA (Hospederías, campings y palacios de congresos): 188
- GESPESA (Ecoparques, reciclaje y tratamiento de residuos): 46
La actual cifra de empleo, la más elevada desde 2010, se alcanza bajo la dirección general de un miembro del Partido Popular, partido que durante años criticó públicamente a GPEX calificándola de “administración paralela”, “sobredimensionada” e “insostenible”. Paradójicamente, ahora, con esa misma formación al frente de la gestión, el grupo registra récords históricos de personal.
Desde UGT Servicios Públicos Extremadura denunciamos esta incoherencia política, ya que quienes reclamaban recortes ahora recurren de forma masiva a las encomiendas a empresas públicas como GPEX para cubrir necesidades estructurales de la administración, generando empleo precario y externalizado, en lugar de reforzar las plantillas públicas mediante oposiciones que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
UGT quiere dejar claro que:
- Siempre hemos defendido los derechos laborales del personal contratado en GPEX.
- Reconocemos que algunas encomiendas pueden ser necesarias en momentos puntuales por motivos coyunturales o sobrevenidos.
- Advertimos con firmeza que hay funciones que solo pueden ser ejercidas por funcionarios públicos, ya que implican potestades, autoridad o representación de la administración pública.
- Hemos denunciado repetidamente que a través de GPEX se han encomendado funciones que por ley están reservadas a funcionarios: conservación de la naturaleza, tramitación de expedientes de dependencia, actuaciones del Plan INFOEX, entre otras.
- En muchas ocasiones, estos trabajadores desempeñan sus funciones en las propias instalaciones de las consejerías, sin ninguna identificación visible, lo que genera confusión entre la ciudadanía y desigualdad en el seno de la propia administración.
- En numerosos casos, el personal externo dispone de mejores herramientas, recursos y medios técnicos que los propios funcionarios, lo que constituye un trato discriminatorio que debe ser corregido de inmediato.
Por todo ello, desde UGT reclamamos un análisis riguroso de las plantillas estructurales de la Administración y la necesidad de reforzarlas mediante empleo público estable y con condiciones dignas, a través de ofertas de empleo y procesos selectivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Los servicios públicos son la principal garantía de justicia social y equidad, al permitir que toda la ciudadanía acceda a los servicios esenciales de forma universal, gratuita y en igualdad de condiciones. Representan un pilar fundamental del Estado del Bienestar y una herramienta clave para promover la cohesión social, combatir la desigualdad y asegurar igualdad real de oportunidades, sin distinciones ni privilegios.
Extremadura necesita más empleo público, no más externalización. Los servicios públicos se defienden con plantillas dignas, no con parches.
