UGT exige un acuerdo que amortigüe los efectos de la inflación sobre el poder de compra de los empleados públicos

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El sindicato tacha  de insuficiente la subida salarial del 8% en tres años propuesta por el Gobierno para los empleados públicos y reclama que se incluyan cláusulas de revisión para los empleados públicos.

UGT pide que se realicen las modificaciones legales necesarias para que la jornada de 35 horas se sitúe en el ámbito exclusivo de la negociación

UGT Servicios Públicos ha reclamado al Ministerio de Función Pública, en la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada hoy, un acuerdo plurianual que incluya un incremento salarial que amortigüe la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos como consecuencia del aumento de la inflación.

El sindicato ha rechazado la propuesta inicial que el Gobierno ha planteado: un 8% en tres años. En 2022, el Ejecutivo plantea un incremento del 1,5%, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año. En 2023, el Ministerio propone una subida del 2,5% y en 2024 plantea una subida del 2%.

Para UGT Servicios Públicos, esta oferta del 8% resulta insuficiente y pide que se incluyan cláusulas de revisión que permitan frenar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

En la reunión, UGT también ha puesto sobre la mesa otros aspectos de materia salarial, como la recuperación de la prestación económica del 100% en las situaciones de IT, el incremento del complemento de residencia o insularidad, del precio del kilometraje o el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del personal laboral en el exterior (PLEX).

Más empleo

El sindicato ha defendido un conjunto de propuestas destinadas a alcanzar un empleo de calidad e impulsar el rejuvenecimiento del personal de las Administraciones. En este sentido, UGT pide, nuevamente, el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos, así como la reactivación del Observatorio del Empleo Público, que permitiría realizar un seguimiento de lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público

Una Administración del futuro precisa de unos trabajadores y trabajadoras con formación y herramientas adecuadas para atender las demandas de la ciudadanía. Es preciso avanzar en materia de digitalización y UGT reclama que se convoque la Comisión de digitalización para abordar el proceso de formación del personal y de la ciudadanía.

Más derechos y más igualdad

El sindicato también ha puesto sobre la mesa avanzar en cuestiones como los perfiles profesionales, la aplicación inmediata de la clasificación profesional, fomentando y facilitando la constitución y el desarrollo del Grupo B, flexibilizar los procesos de provisión y de movilidad interadministrativa, así como recuperar el carácter de mínimo de los permisos y vacaciones.

En materia de igualdad, UGT ha pedido que se cree y convoque urgentemente una Comisión de Igualdad para impulsar la modificación normativa de la negociación de planes de igualdad en las Administraciones publicas, entendiendo que es sumamente importante la creación de un Registro de Planes de Igualdad en las Administraciones Públicas de todo el país.

Por último, el sindicato ha defendido igualmente ante la Mesa de Diálogo Social un conjunto de modificaciones legislativas del Texto Refundido del  Estatuto Básico del Empleado Público, la derogación de parte del articulado del Real Decreto 20/2012, la negociación de la Ley de Función Pública de  la  Administración General del Estado, así como la necesidad urgente   e inmediata de establecer, mediante negociación colectiva,  una nueva Clasificación de los Centros Penitenciarios del país.

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