La Federación de Empleados de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para negociar la regulación del teletrabajo en las Administraciones públicas. El sindicato ha pedido que se haga con una ley de carácter básico.
FeSP-UGT ha señalado que esta reunión llega tarde, pues el pasado mes de junio, en las reuniones de la Mesa General de Negociación de Función Pública, el Ministerio se comprometió a crear grupos de trabajo durante el mes de julio para avanzar en un acuerdo de teletrabajo en Función Pública.
FeSP-UGT exige una normativa básica que regule el común denominador de esta modalidad de prestación del trabajo para el conjunto de las Administraciones públicas: AGE, comunidades autónomas y entidades locales, y para el conjunto de los empleados públicos: personal laboral, funcionario, docente y estatutario.
Sin perjuicio de que el Estatuto Básico del Empleado Público posibilita dicha modalidad, UGT considera que existen circunstancias y materias que deben quedar garantizados básicamente de manera específica, tales como la definición del concepto, la igualdad de trato y no discriminación, el ejercicio de derechos individuales y colectivos, la prevención de riesgos, el procedimiento, los contenidos acuerdo de trabajo a distancia, la promoción y carrera, la formación específica, compensación y abono de gastos, desarrollo y concreción mediante la negociación colectiva en las mesas sectoriales y territoriales, entre otras materias.
El sindicato no ve ninguna dificultad en el hecho de que alguna Administración pública ya haya regulado el teletrabajo, pues se puede establecer una doble transitoriedad, para que la adapten a la nueva norma y para respetar aquellos aspectos más positivos.
UGT insiste en que se precisa una normativa básica que garantice unos pilares básicos y homogéneos que posteriormente puedan ser perfilados en las distintas mesas de negociación inferiores, territoriales y sectoriales. Además, tiene que preverse una presupuestación adecuada para una correcta implantación y desarrollo.
