UGT reclama a la Junta de Extremadura que iguale la financiación de las plazas concertadas en residencias municipales con la de las gestionadas por empresas privadas. Además, exige mayor control sobre las condiciones laborales y la calidad del servicio en los centros de atención a la dependencia
El sindicato valora positivamente el incremento del 38% en la financiación de las plazas concertadas para dependientes de tipo 2 y 3 aprobado por la Junta de Extremadura, pero insiste en que esta mejora debe aplicarse de forma equitativa a todos los prestadores del servicio. No puede permitirse una discriminación entre los usuarios en función de quién gestione la plaza, ya que el derecho a una atención digna debe ser el mismo para todos.
UGT exige que la mejora en la financiación de las plazas concertadas con empresas privadas se extienda en igualdad de condiciones a las residencias municipales, ya sean gestionadas directamente por los ayuntamientos o externalizadas a través de empresas privadas. Además, hace un llamamiento a la Junta para que incremente el número de plazas concertadas mediante convenio con los ayuntamientos, permitiendo así que más personas dependientes puedan permanecer en sus municipios y ayudando a fijar población en las zonas rurales.
La financiación actual es deficitaria y, además de un aumento de fondos, es fundamental mejorar las condiciones laborales en el sector. La falta de personal, la sobrecarga de trabajo, los turnos rotativos exigentes y los salarios bajos dificultan la contratación y provocan una alta rotación de trabajadores. Mientras que las grandes empresas privadas de las ciudades se benefician del aumento de financiación, las pequeñas residencias municipales en zonas rurales dependen de este respaldo para sobrevivir. La situación se agrava en estos entornos donde los costos son mayores debido a la escasez de servicios cercanos.
UGT también denuncia que Extremadura sigue sin adaptar los criterios de acreditación y calidad para la atención a la dependencia establecidos por el Ministerio de Derechos Sociales en agosto de 2022. Estos criterios fijan ratios mínimas de personal y requisitos de cualificación y formación, esenciales para mejorar la atención a los dependientes. Por ello, el sindicato exige la convocatoria urgente de la mesa de diálogo social para actualizar estas ratios según las necesidades actuales.
UGT reclama que el SEPAD refuerce los servicios de inspección para garantizar una supervisión estricta sobre los servicios de atención a la dependencia, especialmente aquellos gestionados por empresas externas. Asimismo, exige la participación activa de las organizaciones sindicales en la elaboración de pliegos, concursos y conciertos de los Servicios Sociales, ya que la Junta de Extremadura ostenta la competencia exclusiva en esta materia según el artículo 27 de su Estatuto de Autonomía.
UGT Servicios Públicos Extremadura seguirá luchando por una financiación justa, condiciones laborales dignas y un modelo de atención a la dependencia que garantice el bienestar de las personas por encima del beneficio empresarial.
