UGT Servicios Públicos Extremadura ha solicitado a la Consejería de Educación la derogación del Decreto 122/2012 de 29 de junio, que regula el régimen del profesorado interino en la región, y la recuperación de las condiciones laborales previas a la crisis económica. La petición ha sido presentada al gobierno autonómico en defensa de los derechos del colectivo docente interino, afectado por una normativa que consideran injusta y discriminatoria.
La demanda se centra en dos aspectos fundamentales:
- Reconocimiento económico y administrativo: Antes del curso 2011-12, al profesorado interino de Extremadura le bastaba trabajar 165 días para cobrar los meses de julio y agosto. Sin embargo, con la aplicación del Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, esta regla fue sustituida por la exigencia de 280 días trabajados, según el Decreto 122/2012. Esto supone prácticamente cubrir el curso completo, una condición más restrictiva que en otras comunidades autónomas.
- Desigualdad frente a otras regiones: Extremadura es la comunidad con la normativa más dura en este aspecto, mientras que la mayoría de las autonomías siguen utilizando la norma de 165 días trabajados. Esto genera una desventaja para el profesorado extremeño no solo en términos económicos, sino también en procesos de baremación de interinidad, oposiciones y concursos de traslados.
La normativa actual también tiene repercusiones en la contratación de personal docente. La dificultad de alcanzar las condiciones para el reconocimiento del verano desincentiva a los profesionales a optar por Extremadura frente a otros destinos con mejores condiciones, dificultando además la cobertura de llamamientos urgentes.
En UGT Servicios Públicos Extremadura consideran que esta situación no es sostenible:
“El colectivo interino extremeño no puede tener peores condiciones laborales que el resto de docentes de otras comunidades. La falta de equidad afecta tanto al profesorado como a la calidad educativa de nuestra región”, afirman desde el sindicato.
Por todo ello, UGT Servicios Públicos solicita la derogación del Decreto 122/2012 y el restablecimiento de las condiciones previas a la crisis, permitiendo el reconocimiento de los meses de julio y agosto con 165 días trabajados.
El sindicato hace un llamado a la Consejería de Educación para actuar con urgencia y equiparar las condiciones del profesorado extremeño a las del resto de España, asegurando así justicia laboral y una mejor calidad educativa para los centros de la región.
