La organización sindical espera que este primer encuentro sirva también para establecer cauces de diálogo fluidos y estables
El Gobierno no puede eludir su responsabilidad y debe exigir a las empresas concesionarias que cumplan sus compromisos laborales.
El sindicato recuerda que las empresas de la dependencia no han aplicado aún la debida subida salarial del 6,5% para 2022 a sus plantillas
UGT servicios Públicos se ha reunido esta mañana con Nacho Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales para trasladar sus propuestas de mejora de las condiciones laborales en el Sector de la Dependencia. El encuentro se produce a petición del sindicato, que lleva meses reclamando un encuentro con el ministerio para de abordar cuestiones insoslayables que permitan atajar la precariedad laboral de los más de 300.000 trabajadores y trabajadoras de la Dependencia.
El sindicato ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor e insta a las patronales a aplicar la subida salarial del 6,5% pendiente para 2022. La secretaría de Dependencia de UGT Servicios Pública acusa a las empresas de “condenar a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad. Se trata de un colectivo de más de 300.000 personas que ven cómo su poder de compra disminuye día tras día, a pesar de que los tribunales le han dado la razón.
UGT Servicios Públicos ha pedido al Ministerio su máxima implicación para garantizar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y velar por las condiciones laborales de las plantillas. UGT lleva muchos meses con campañas de información y denuncia en las distintos territorios del Estado.
El pasado marzo, el sindicato remitió una carta a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde le trasladó la grave situación que sufren las trabajadoras y trabajadores de este colectivo. Un escrito que, hasta hoy, no había obtenido respuesta. Ana Francés, secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos espera que “este primer encuentro permita abrir y establecer cauces de dialogo permanentes para llevar a cabo un seguimiento de las cuestiones que afectan a los trabajadores y de las medidas que se implementan.