El sindicato recuerda que las retribuciones en Extremadura son las más bajas del país y reclama avanzar en un nuevo acuerdo estatal para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010
UGT Servicios Públicos Extremadura celebra positivamente que, por fin, el 0,5% adicional adeudado a los empleados públicos correspondiente al año 2024 se lleve hoy al Consejo de Ministros.
Aunque valoramos la noticia, denunciamos que llega con mucho retraso, ya que esta subida salarial debería haberse abonado en enero a todos los Empleados Públicos. Recordamos que este incremento forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado por UGT y CC.OO, que ha supuesto una subida global del 9,5% entre 2022 y 2024.
Sin embargo, desde UGT-SP Extremadura lamentamos que no se contemple aún la subida salarial para 2025, dejando en el aire la previsión de incrementos que permitan continuar avanzando en la mejora de las condiciones económicas de las y los empleados públicos.
Además, quedan pendientes cuestiones clave recogidas en el acuerdo que necesitan desarrollarse, como la jubilación parcial para el personal funcionario, la clasificación profesional y la implantación de la jornada de 35 horas semanales, entre otras medidas urgentes.
Desde UGT-SP Extremadura instamos a la administración autonómica a que, si la medida se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, se aplique de forma inmediata a los empleados públicos de la Junta de Extremadura, evitando más demoras injustificadas.
Asimismo, reclamamos a la Junta de Extremadura el cumplimiento del compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación, activando sin más dilaciones el grupo de trabajo para acordar un plan de retribuciones que beneficie al conjunto de los empleados públicos extremeños.
Recordamos que las retribuciones en Extremadura son las más bajas de todas las comunidades autónomas, por lo que resulta imprescindible avanzar en la igualdad salarial entre sectores y en la equiparación a la media de las Comunidades Autónomas.
La pérdida de poder adquisitivo sufrida desde los recortes de 2010 y los años posteriores de congelación salarial exige la negociación de un nuevo acuerdo estatal plurianual, que permita compensar las pérdidas acumuladas y dignificar las condiciones laborales de quienes sostienen los servicios públicos.
