Medidas, a corto y medio plazo, que deben garantizar la tutela judicial efectiva y la protección de la salud.
• Con la entrada en vigor del estado de alarma, la Administración de Justicia se paralizó casi por completo.
• En el RD del 31 de marzo, se prevé un refuerzo de la Justicia, una vez superado el estado de alarma, para poder hacer frente a la acumulación de actividad generada por esta paralización.
• Para CCOO y UGT, es imprescindible conjugar la reactivación de la Justicia con la seguridad y salud, tanto de las personas trabajadoras de los juzgados, como de los usuarios.
Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han remitido en el día de hoy una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, con sus propuestas ante la desescalada de la paralización de la Administración de Justicia motivada por la crisis del COVID-19 y del Real Decreto del Estado de Alarma.
Para CCOO y UGT, es imprescindible que el proceso de desescalada que se ha de organizar desde las administraciones públicas, y que debe aprobarse por el Ministerio de Justicia, ha de conjugar por fuerza la reactivación de la actividad de la Justicia de la forma más ágil posible, siempre con la garantía de salud, tanto para las personas usuarias, como del personal que presta el servicio en los juzgados y resto de dependencias públicas, además de no contribuir al repunte en la extensión del virus.
Ambas organizaciones recuerdan que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge en su Preámbulo que las medidas que prevé “se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos…”, y en su disposición adicional segunda, recoge la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales hasta la pérdida de la vigencia del Real Decreto.
El Presidente del Gobierno anunciaba prórroga hasta el 9 de mayo, lo que afecta de forma directa a la prestación del servicio público de Justicia y, con ello, inevitablemente al derecho a la tutela judicial efectiva, que es uno de los derechos fundamentales clave en el estado de Derecho y del que es titular la totalidad de la ciudadanía.
Medidas para una desescalada eficiente a corto y medio plazo
Además, el Gobierno aprobó, ratificado por el Congreso de los Diputados, el RD Ley 11/2020 de 31 de marzo, que en su Disposición adicional decimonovena prevé la elaboración de un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso administrativo y mercantil, lo que supondrá el refuerzo de la Administración de Justicia, una vez superado el estado de alarma, para poder hacer frente a la acumulación de actividad generada por esta paralización, a la que habrá que sumar la conflictividad laboral producida durante estas semanas, que el propio Gobierno asume supondrá un notable incremento de la actividad.
En este sentido, UGT y CCOO, como organizaciones sindicales más representativas, han buscado siempre la defensa de la población trabajadora, entendida en su más amplio sentido y de sus derechos; supeditando los perjuicios que la paralización de la Justicia ha supuesto para las personas al bien superior de que nuestra sociedad supere lo antes posible la situación sanitaria derivada de la crisis del coronavirus.
Por ello, resulta imprescindible el proceso de desescalada de la paralización de la actividad judicial, conjugando la reactivación de toda la actividad judicial con la seguridad y salud, tanto de las personas trabajadoras de los juzgados, como de los usuarios. En este sentido, ambas organizaciones han enviado esta carta de propuestas, con las principales medidas que se deberían adoptar a corto y medio plazo.
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