Los ministerios de María Jesús Montero y Pilar Llop se señalan como responsables de haber revertido un acuerdo que estaba listo para firmar.
Hacienda señala a Justicia y Justicia señala a Hacienda como responsable de revertir un acuerdo que estaba ya listo para firmar y que afecta a 15.000 funcionarios. Durante más de siete meses, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) han estado negociando con el ministerio del ramo un complemento salarial para los funcionarios del ámbito no transferido de Justicia con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021. Los agentes sociales dieron por cerrado el acuerdo el pasado 14 de septiembre, con un texto definitivo que se selló con «un apretón de manos y un compromiso verbal» de establecer una fecha próxima para la firma oficial del mismo, según asegura Victoria Carrero, responsable de Justicia de UGT Servicios Públicos. Ese compromiso dio un vuelco inesperado el 4 de noviembre, día en el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) superaron el primer trámite parlamentario. Los representantes sindicales fueron convocados de urgencia por el ministerio de Justicia y allí recibieron la noticia de que el departamento que dirige María Jesús Montero había decidido bloquear el pago relativo al año 2021.
El monto de la partida presupuestaria ascendía en principio a 31 millones de euros, que se iban a distribuir entre 15.000 funcionarios de Justicia conforme a las cuantías que los sindicatos habían concertado con el ministerio de Justicia, y éste a su vez con Hacienda. Los letrados de la administración de Justicia recibirían un pago único antes de la finalización de 2021 de 2.340 euros; los trabajadores de Gestión y los técnicos de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), 2.220 euros; los encargados de Tramitación y los ayudantes de laboratorio, 1.980 euros, y los auxilios judiciales, 1.800 euros. A pesar de que las reuniones con los sindicatos finalizaron hace tan sólo dos meses, el Ministerio de Justicia alega que el contexto de recuperación subsiguiente a la pandemia «requiere que las negociaciones que se iniciaron con el anterior equipo del Ministerio se adecúen a la situación actual«, por lo que mantiene abierta la vía de diálogo con los sindicatos, según han trasladado a ‘El Periódico de España‘.
Este incremento venía recogido en un mandato de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Gobierno aseguró que «pondría fondos a disposición de ese compromiso para poder cumplir», indica Luis Santamaría, portavoz del PP en la Comisión de Justicia, que es uno de los diputados que se está reuniendo ahora con los sindicatos para tratar de desatascar la situación. Tras el cambio de posición del Ejecutivo, Santamaría plantea «dudas sobre la legalidad» al haber «vulnerado el derecho constitucional» a la negociación colectiva y un «mandato del Parlamento». «Afecta a la credibilidad del Gobierno», dice, y califica de «ridículo más espantoso» la actuación de la ministra de Justicia. Carrero añade que este «ataque» ha hecho que «vuelen por los aires los principios de la negociación colectiva de lealtad y de buena fe de ambas partes». «Es tremendo», se lamenta la representante de UGT, mientras que Luis Calero, responsable de CCOO en el sector de Justicia, considera esta acción del Gobierno «un engaño a los trabajadores y trabajadoras del ámbito no transferido de Justicia y a las organizaciones sindicales, a las que siempre se nos aseguró en la mesa que lo que estábamos negociando y avanzando cada día tenía el visto bueno de Hacienda».
Desde UGT apuntan a una decisión personal de la ministra de Hacienda: «Parece ser que al pasarle el informe [que evaluaba el acuerdo de Justicia con los sindicatos] a la ministra María Jesús Montero, pone problemas y dice que así no puede ser, que una paga que llevábamos con efecto retroactivo desde enero de 2021 hasta noviembre o diciembre, que es cuando la iban a pagar, se elimina porque no puede ser». Hacienda niega este extremo. Fuentes del ministerio aseguran a ‘El Periódico de España’ que no tienen «claro que sea verdad que Hacienda le dio el visto bueno y luego les dijo que no», e insisten en que «esto es cosa de Justicia, son ellos los que están negociando».
Luis Santamaría intuye que esta decisión «a lo mejor tiene que ver con alguna de las condiciones que haya puesto la Unión Europea para librar fondos a España«. En todo caso, el cambio perjudica a los funcionarios de Madrid que se encuentran en órganos centrales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las fiscalías especiales, así como los de otros del ámbitos no transferidos de Justicia de Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.
Nueva oferta
El complemento específico de las comunidades autónomas es mucho más alto y ha subido, mientras que, para los estatales, no ha subido nada desde 2008. De esta forma, lo que se pretendía era que esa cuantía que iba a subir se incluyese en el complemento específico de finales de 2021 y no mezclarlo en un «concepto raro de productividad o de complemento transitorio de puesto», detalla la responsable de Justicia de UGT. Hacienda suprime sólo el complemento específico con efecto retroactivo a 2021, pero el Ejecutivo ha asegurado a los sindicatos que se producirá un aplazamiento del pago en las cantidades mensuales acordadas en tres plazos, a 2022, a 2023 y 2024. El incumplimiento del pacto, según el responsable de CCOO de Justicia, marcará las futuras negociaciones «porque este ministerio no es de fiar«. Victoria Carrero asegura que «ya tampoco me fio» de los «pagos en diferido». «Seguramente, nos pagarán el primero, pero en 2023 ya va a haber elecciones y en 2024 lo mismo ya no está el PSOE» en el Gobierno, reflexiona.
Durante la reunión del 4 de noviembre, el Ministerio de Justicia no dio «ningún tipo de explicación» por la ruptura del acuerdo en septiembre, sino que solamente les dijeron que había una nueva oferta que «rebajaba las expectativas de lo pactado con anterioridad y que provenía de una instrucción del Ministerio de Hacienda», sostiene Luis Calero. Con todo, el departamento de Montero les trasladó que, si los sindicatos no aceptaban la contraoferta que les presentaban, «no habría ningún tipo de incremento retributivo, manteniendo al personal de la Administración de Justicia no transferido en condiciones discriminatorias respecto a las administraciones de Justicia que sí están transferidas a las comunidades autónomas y cobrando cantidades que oscilan entre los 200 y los 600 euros menos al mes».
«La palabra de Llop ya no vale»
El compromiso de firmar el complemento de incremento salarial para los funcionarios de Justicia no se materializó con un «simple apretón de manos», sino que «fue un acuerdo en toda regla, con un texto definitivo», evidencia Luis Calero. «Va a marcar un antes y un después a nivel global en la relación con las organizaciones sindicales, no sólo en Justicia», augura Luis Santamaría, que agrega que este episodio afectará también a las relaciones de la oposición con el departamento que encabeza la expresidenta del Senado. «Con las leyes que hacen referencia al servicio público de Justicia, nosotros hemos dialogado y nos entendido bien con el ministerio», pero señala que desde que Pilar Llop juró su cargo en sustitución de Juan Carlos Campo, que fue quien inició la negociación, «no hay ningún cauce de comunicación«. «Nos parece de extrema gravedad que paguen los funcionarios públicos el carajal que hay en el Gobierno», concluye.
«Cualquier oferta de negociación no la podemos tener en cuenta, puesto que luego la incumplen», señala Calero. Afirma que Llop hizo suya la herencia de Campo en la negociación con los sindicatos, por lo que considera que debe «recibir unas críticas muy rotundas» por la «falta de valentía para defender a sus trabajadores frente a otras inquietudes que desconocemos» y la llama a «comparecer para explicar por qué se incumple el acuerdo». «A pesar de que la hemos requerido en varias ocasiones para que compareciese en la mesa de negociación, se ha negado a hacerlo; sólo parecía tener intención, porque así se nos dijo, de firmar el acuerdo que se alcanzó en septiembre una vez consolidado. Sin embargo, cuando ha habido problemas, no ha querido asistir ni dar explicaciones a las organizaciones sindicales y, por tanto, a los trabajadores», expresa. Por ello, los sindicatos han convocado el 15 de noviembre una concentración de delegados sindicales de la Administración de Justicia, donde se entregará un comunicado al Gobierno y el 20 de noviembre una manifestación en Madrid a la que espera que acudan los alrededor de 1.500 trabajadores del ámbito no transferido de la Administración de Justicia de la capital, así como aquellos funcionarios que puedan desplazarse desde las provincias.
Los sindicatos denuncian que Pilar Llop no ha sido la única que no ha compartido mesa con los sindicatos; el Ministerio de Hacienda tampoco lo hizo, aunque las organizaciones sindicales así lo solicitasen. Victoria Carrero pidió en dos ocasiones al secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia que se uniera alguien de Costes de Personal, porque los encargados de este área suelen estar presentes cuando se pide una partida nueva en los Presupuestos. «Él me insistió en que no, porque tras las reuniones en las que iban incrementando las cuantías mensuales ellos hablaban con Hacienda, y Hacienda les daba el visto bueno para la siguiente reunión».
