Según los datos publicados en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas a la fecha del mes de enero de 2024, los efectivos que prestan sus servicios en la Administración General del Estado han aumentado en más de 11.000. Los acuerdos suscritos por la Unión General de Trabajadores respecto a la OEPs han logrado paliar el déficit estructural de efectivos que existía en la AGE desde los recortes introducidos entre los años 2010-2016.
UGT primero negoció y posteriormente firmó con la Administración los Acuerdos para las Ofertas de Empleo Público 2017-2020. El objetivo necesario era garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos, objetivo íntimamente ligado a la situación y condiciones laborales en las que debe prestar sus servicios el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Para las OEPs de 2018, 2019 y 2020 UGT acordó con la Administración que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyera que las Administraciones Públicas que cumplieran con el objetivo de déficit, y con la regla de gasto y deuda pública, pudieran cubrir las bajas que se produjeran en todos los sectores, funciones y servicios. Se aprobó una tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios y del 75% en el resto. Para la OEP de 2021, se consiguió una tasa de reposición del 110% para los sectores prioritarios y del 100% para el resto de sectores. Y en las OEPs de 2022 y 2023, se logró llegar al 120% en los sectores prioritarios y el 110% para el resto de sectores.
El impacto de dichos acuerdos ha logrado revertir la tendencia progresiva de destrucción de empleo público en la AGE.
Hay que tener en cuenta que procesos selectivos, sobre todo de los Cuerpos Generales realizados por la Comisión Permanente de Selección, de las OEPs 2020-2022, aún no han finalizado, y que de la OEP de 2023 no se ha procedido aún a convocar las plazas de estos Cuerpos, por lo que es posible presumir que siga disminuyendo el déficit de efectivos.
No obstante UGT sigue exigiendo a Función Pública una mayor celeridad tanto para su convocatoria como para el nombramiento de las nuevas empleadas y empleados públicos, en especial para la ejecución de las OEPs de personal laboral cuya tramitación se encuentra en un destacable atraso.
