#UGTAGE |UGT exige un acuerdo que amortigüe los efectos de la inflación sobre el poder de compra de los empleados públicos

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El sindicato tacha de insuficiente la subida salarial del 8% en tres años propuesta por el Gobierno para los empleados públicos y reclama que se incluyan cláusulas de revisión para los empleados públicos.
UGT pide que se realicen las modificaciones legales necesarias para que la jornada de 35 horas se sitúe en el ámbito exclusivo de la negociación
UGT Servicios Públicos ha reclamado al Ministerio de Función Pública, en la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada hoy, un acuerdo plurianual que incluya un incremento salarial que amortigüe la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos como consecuencia del aumento de la inflación.
El sindicato ha rechazado la propuesta inicial que el Gobierno ha planteado: un 8% en tres años. En 2022, el Ejecutivo plantea un incremento del 1,5%, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año. En 2023, el Ministerio propone una subida del 2,5% y en 2024 plantea una subida del 2%.
Para UGT Servicios Públicos, esta oferta del 8% resulta insuficiente y pide que se incluyan cláusulas de revisión que permitan frenar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
En la reunión, UGT también ha puesto sobre la mesa otros aspectos de materia salarial, como la recuperación de la prestación económica del 100% en las situaciones de IT, el incremento del complemento de residencia o insularidad, del precio del kilometraje o el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del personal laboral en el exterior (PLEX).
Más empleo
El sindicato ha defendido un conjunto de propuestas destinadas a alcanzar un empleo de calidad e impulsar el rejuvenecimiento del personal de las Administraciones. En este sentido, UGT pide, nuevamente, el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos, así como la reactivación del Observatorio del Empleo Público, que permitiría realizar un seguimiento de lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

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