Tras el paso fallido en el SIMA, UGT Servicios Públicos presentará dos demandas por conflicto colectivo para reclamar la aplicación del artículo 32.1 y la aplicación más garantista del SMI para los trabajadores del sector.
En lo referente al artículo 32.1, pretendemos que se interprete desde el punto de vista sindical y con la filosofía con la que se acordó con la firma del XV Convenio Colectivo.
El IPC acumulado de los años 2019, 2020 y 2021 ha sido de un 6,8%. Hay que aplicar un 3,75% al salario base desde el 1 de enero de 2022 y el 3,4% del IPC acumulado, repartido al 50% en cada uno de los dos niveles del complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional (N1 y N2), lo que supondría que el N1 pasaría a ser de un 9,2% del salario base ya incrementado y el N2 pasara a ser de un 7,2%.
En relación a la demanda por conflicto colectivo por el SMI, UGT Servicios Públicos defenderá que los trabajadores tienen derecho a percibir el SMI en cada momento vigente, sin que para alcanzar la cuantía correspondiente al mismo en cada momento puedan computarse aquellos complementos declarados en el convenio como no absorbibles ni compensables.
UGT Servicios Públicos lamenta que la negociación colectiva se tenga que resolver mediante la judicialización de algunos de sus aspectos, pero la evolución de los acontecimientos no ha dejado más recorrido que el de la reclamación de los derechos de los trabajadores en sede judicial.
No obstante, con absoluta transparencia, desde UGT venimos informando de que el preacuerdo pactado el 8 de abril se rompió por causas ajenas a nuestra voluntad. Asimismo, conviene recordar que la judicialización conlleva numerosos riesgos que ya venimos comentando en nuestros últimos escritos (Bloqueado el Convenio Colectivo de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad). Entre otros:
- Los tiempos de los procesos judiciales retrasarán los pagos respectivos desde 2022.
- La incertidumbre que genera la imposibilidad de conocer el sentido de la sentencia que podría darnos o quitarnos la razón a los sindicatos.
- La pérdida de todos los derechos económicos negociados en el propio acuerdo (incluida la cláusula de garantía salarial mínima para 2025 del artículo 32 y la pérdida de un nuevo complemento N3 que garantizaba el mantenimiento de la antigüedad).
- La pérdida de los derechos sociales y laborales.
UGT Servicios Públicos recuerda la importancia de alcanzar acuerdos en la negociación colectiva y que la judicialización genera una incertidumbre que los trabajadores no merecen en ningún caso. De la misma manera, una vez que otros han roto con el preacuerdo y este ya no existe, UGT pondrá toda su capacidad en defender en sede judicial las dos cuestiones demandadas.
