El Sector de Enseñanza demanda coordinación y un calendario claro para los procesos de estabilización
El Ministerio de Educación y Formación Profesional reunió ayer, 26 de mayo, a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Docente no Universitario para abordar el futuro Real Decreto por el que se regula la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP) en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, en aplicación de la LOMLOE y la Ley de FP, que reordenan las especialidades del profesorado que imparte docencia en el ámbito de la Formación Profesional del sistema educativo.
El Sector de Enseñanza de UGT valora que la propuesta presentada por el Ministerio de Educación y FP recoja parte de las principales reivindicaciones que hemos venido defendiendo, pero lamenta que no se aborden otras cuestiones importantes que afectan al profesorado que consideramos debe incluir.
UGT ha venido exigiendo que esta normativa establezca un procedimiento automático y ágil que se realice de forma simultánea en todas las CCAA, tras la publicación del Real Decreto, que permita que la integración del profesorado esté resuelta al inicio del próximo curso escolar 2022-2023.
Todo el profesorado técnico de Formación Profesional que acredite titulación universitaria podrá solicitar la integración en el cuerpo de Secundaria, pertenezca o no a las especialidades docentes integradas en el cuerpo de Secundaria.
La norma garantiza que el profesorado con más de una especialidad en el cuerpo de PTFP pueda integrarse al Cuerpo de Secundaria con todas las especialidades que posea. También que el profesorado que se encuentra en determinadas situaciones administrativas, exceptuando la excedencia voluntaria en la que se debe reingresar al servicio activo, pueda solicitar su integración al cuerpo de Secundaria.
No obstante, UGT ha reclamado que el Ministerio considere algunas cuestiones que deben ser objeto de revisión. En relación a los plazos del procedimiento, hemos solicitado que haya una coordinación entre las Administraciones educativas, para que pueda celebrarse el procedimiento en todas las CCAA tras la publicación del Real Decreto, y que se incluya un plazo máximo, que puede ser de 20 o 30 días, que garantice que los procedimientos se convoquen. El Real Decreto limita el periodo para la integración al 19 enero de 2026; a juicio de UGT, debería articularse una modificación normativa que permita que este plazo sea indefinido.
Además, el profesorado técnico de Formación Profesional que no tiene titulación universitaria, pero que opta a ella, debería ver recogidos en el Real Decreto cuestiones que le permitan tener un desarrollo profesional mediante el reconocimiento de parte de los créditos necesarios para obtener el título de grado a través de la convalidación de la experiencia laboral y docente. También reclamamos para este profesorado una redacción más precisa que garantice su derecho sobre la adquisición de nuevas especialidades y sobre la movilidad en el concurso de traslados.
Al mismo tiempo, el profesorado funcionario en prácticas e interino debería poder ver reconocido su derecho a estar encuadrado en el Subgrupo A1, si cumplen los requisitos, en la fecha de 19 de enero de 2021, tal como recoge el Real Decreto.
Nos preocupa que este desarrollo normativo coincida con los procesos de estabilización, sobre todo para el profesorado interino de aquellas especialidades que han pasado a Secundaria que no tienen titulación universitaria, y que no se han podido presentar a oposiciones porque no se han convocado en los últimos años. Un profesorado del que nuestro sistema educativo no puede prescindir, y para el que hemos solicitado que se establezca un periodo transitorio, tal y como se hacía en normativas anteriores, que permita que este profesorado pueda presentarse a los procesos selectivos y pueda permanecer en las listas de interinos.
También hemos solicitado la aclaración por parte del Ministerio de Educación de una cuestión que preocupa en los procesos de estabilización que se están desarrollando, y si se están teniendo en cuenta las nuevas especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP, que no se están viendo reflejadas en las convocatorias de las ofertas de empleo.
Por último, desde UGT planteamos que en el marco de una negociación más amplia, donde se aborde la integración en el Subgrupo A1 del cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como del cuerpo de Maestros, y también la revisión de los cuerpos de Enseñanzas Artísticas para que el profesorado que imparte enseñanzas superiores de Grado y Máster pueda tener el reconocimiento que merece, el Ministerio acometa la equiparación salarial del Profesorado Técnico de Formación Profesional que no se integra en el cuerpo de Secundaria.
El Ministerio ha dado respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales, pero en otras no les hemos visto abiertos a incluir las cuestiones exigidas. Sobre el plazo que tienen previsto en la publicación del Real Decreto, han explicado que se está tramitando con la máxima celeridad para que pueda estar publicado en el último trimestre del curso.
Por otro lado, valorarán el incluir un plazo máximo que garantice que se cumple la ley en la convocatoria de los procesos. No han sido receptivos en la posibilidad de ampliar el plazo del 19 de enero de 2026 para la solicitud de integración al cuerpo de Secundaria. Explican que la ley define el plazo de cinco años para desarrollar el proceso de integración.
En cuanto al profesorado interino, el Ministerio no contempla incluir ninguna excepcionalidad mediante un procedimiento transitorio que permita que el profesorado pueda participar en los procesos selectivos y permanecer en listas de interinidad.
Podemos concluir diciendo que el Ministerio no ha sido receptivo a cuestiones a nuestro juicio importantes, situación que rechazamos. Seguiremos reivindicando estas y otras cuestiones en los órganos de representación correspondientes, que planteamos con el respaldo de nuestros servicios jurídicos, porque mejorarían la situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la Formación Profesional.
