El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos exige al nuevo Gobierno —en el que continúa como ministra de Educación, Pilar Alegría, quien a las competencias de su departamento añade ahora las de Deportes y la portavocía del Gobierno— que se retomen los procesos normativos que se paralizaron con el cese de la actividad parlamentaria. Consideramos prioritario reanudar la tramitación de la Ley de Enseñanzas Artísticas y continuar el desarrollo normativo de la LOMLOE, incluida la constitución de la Mesa de estudio de los módulos de concierto, como establece su Disposición Adicional vigesimonovena.
Asimismo, es imprescindible establecer mecanismos para que se mantenga la inversión en educación más allá de los fondos procedentes de la UE. UGT Servicios Públicos reclama al nuevo Ejecutivo la consecución de un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza, hasta llegar a alcanzar un mínimo del 5% del PIB como gasto público educativo e ir aumentando paulatinamente hasta el 7%, y establecer un compromiso parlamentario de no situarnos nunca por debajo de unos niveles de inversión de la media de la UE.
También, desde el Ministerio, con el objetivo y la aspiración de dar estabilidad y equilibrio al sistema educativo, se tiene que dar respuesta a las necesidades globales del profesorado y de su alumnado ante los nuevos retos que se presentan: bienestar emocional, impacto de la IA y las nuevas tecnologías, amenaza de retroceso de los derechos LGTBI, convivencia en los centros educativos…, y además establecer medidas para mejorar las condiciones sociolaborales del profesorado y potenciar el desarrollo de su carrera profesional.
Ante la parálisis que hemos sufrido en los últimos meses en el ámbito de la negociación, urge revitalizar la Mesa Sectorial del Personal docente, ya que es el ámbito donde se deben abordar aspectos importantes para el profesorado como la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente que permita el desarrollo profesional del profesorado, la reducción del horario lectivo y la bajada de ratios que favorezca una atención personalizada acorde a las necesidades del alumnado, junto a la mejora de la formación del profesorado y los recursos materiales y humanos que doten al profesorado de las herramientas necesarias que permitan dar continuidad a la ley educativa y poder desarrollar plenamente sus objetivos, y a la que hay que sumar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), así como el programa de bienestar emocional en el ámbito educativo.
Es el momento de hacer posible la implementación de medidas que continúen en la dirección de la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado que permitan una dignificación del trabajo docente. El profesorado necesita contar con buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos adecuados, confianza, autonomía profesional, libertad académica, una formación inicial de calidad y un desarrollo profesional continuo, entre otros. El primer paso consiste en la aplicación plena del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en el ámbito educativo.
Con respecto a la eternamente pospuesta negociación del Estatuto docente, UGT entiende que este debe recoger, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Establecer el perfil de la profesión docente.
b) La integración de todos los cuerpos docentes en el Subgrupo A1.
c) La modificación del sistema de ingreso y accesos a los cuerpos docentes.
d) El derecho a la jubilación anticipada, independientemente del régimen al que se pertenezca.
e) La reducción de jornada lectiva y ajustar la jornada laboral en 32 horas semanales.
f) La promoción profesional. El Estatuto docente deberá clarificar y potenciar las posibilidades de promoción profesional y económica a lo largo de la vida docente. Muchos profesionales, que quieren y disfrutan de su profesión, se ven limitados por los escasos incentivos que ofrece, tanto a nivel horizontal como vertical.
g) Reclamamos que, dentro del Estatuto, se reconozca la presencia de otros trabajadores porque la labor educativa es la suma del esfuerzo de muchos profesionales distintos, las familias, la propia sociedad. Es la necesidad de involucrar y dejar constancia de que la educación es una labor colectiva y que los docentes reconocen el especial valor de estas personas que diariamente suman sus esfuerzos a dicha labor. Reclamamos la incorporación de nuevas figuras profesionales como personal de apoyo, educadores sociales, entre otros.
Por último, desde UGT reclamamos un gran pacto por la Educación Superior Pública, consensuado, tras un debate profundo y reflexionado, de todos los agentes implicados, que deberá incluir, al menos:
I. Una financiación del sistema igual al 2% del PIB, así como la defensa y la potenciación de la Universidad pública, frente al aumento de universidades privadas, y que esté interrelacionada con todas las etapas del sistema educativo.
II. La creación de la Mesa Sectorial de Universidad, tanto en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como en el de las diferentes CC. AA.
III. La definición de un mapa de titulaciones coherente y homogéneo.
IV. El establecimiento de una jornada de 35 horas semanales, tanto para funcionarios como laborales, estudiando, mediante la negociación colectiva, la posibilidad de realizar una jornada de cuatro días laborales a la semana.
V. El desarrollo del Estatuto del PDI, que facilite la eliminación de la precariedad, realce la función docente e instaure una carrera profesional de promoción vertical y horizontal, garantizando la igualdad en las fases de acceso, estabilización y promoción.
