Hoy, 4 de junio, UGT ha vuelto al Ministerio de Universidades para una nueva reunión sobre el futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador (EPDI), tras el nombramiento del nuevo Secretario General de Universidades, Francisco García Pascual.
Como ya dijimos en un correo anterior, que os enviamos tras la última reunión, que se celebró el 10 de mayo, UGT rechaza el texto propuesto.
La Mesa Sectorial sigue sin constituirse formalmente y, además, por el momento Función Pública no asistirá a las reuniones que mantengamos, por lo que los acuerdos que pudieran alcanzarse podrían ser posteriormente anulados por este Ministerio.
Desde UGT hemos expuesto las reivindicaciones que, como mínimo, deberían estar incluidas en el texto:
• La definición de la carrera horizontal en el Estatuto es para UGT indispensable, puesto que figura en el TREBEP y ya está regulada tanto para el PTGAS como para los organismos públicos de investigación, según la Ley de la Ciencia.
• Hemos vuelto a incidir en el reconocimiento de los niveles 29 para el profesorado titular y 30 para los catedráticos y catedráticas de universidad.
• Hemos recordado que la redacción de la actual propuesta no reconoce de manera clara los derechos ya existentes, como:
– Quinquenios: reconocimiento y retribución a todas las categorías de PDI.
– Sexenios: implantación de los sexenios de transferencia y de docencia.
• Hemos requerido que se defina mejor la carrera profesional del PDI, puesto que, si bien se recoge el acceso de forma clara, tiene ambigüedades en cuanto a la consolidación y promoción. Creemos que debe enlazar con la carrera horizontal de tal manera que ésta pueda ser una pasarela para la promoción vertical.
• Tras expresar nuestra preocupación sobre el desarrollo normativo que deberá tener el EPDI, conforme aparece en el articulado, el Ministerio ha matizado que se realizará a través de reales decretos, órdenes ministeriales…
• Hemos reclamado que tanto la formación continua y permanente como las estancias internacionales que exige la LOSU sean financiadas completamente con fondos públicos y se elimine la práctica extendida de autofinanciación personal del propio PDI.
• Además, hemos informado de que, mediante una ley ordinaria, el EPDI, se cambia una ley orgánica, la LOSU; por ejemplo, en el caso de la definición del catedrático laboral.
• Se debe recoger la definición íntegra del TREBEP en lo que se refiere a derechos, permisos o nuevas formas de trabajo nacidas de las TIC.
• Hemos reclamado que se recoja el derecho de defensa jurídica y respaldo económico, que conllevan los actos de obligado cumplimiento por el PDI, como puede ser la participación en tribunales de procesos selectivos.
Finalmente, el Ministerio ha informado de su compromiso de poner en marcha el Plan Integra, financiando 3.400 plazas de Ayudante Doctor en las universidades públicas, con vistas al 1 de septiembre de 2024. Eso sí, se requiere para esto el acuerdo en la Conferencia General de Política Universitaria.
Os mantendremos informados.
