Han sido varias las reivindicaciones planteadas por UGT en distintas reuniones con el Ministerio de Universidades que se han visto reflejadas en este segundo texto, pero consideramos que, antes de que el anteproyecto entre en la vía de su aprobación legislativa, es necesario consensuar algunas posturas más y conocer la memoria económica específica, más explícita que los datos que ofrece la memoria del análisis de su impacto normativo.
Consideramos que los mecanismos que esta Ley prevé no son suficientes para estabilizar las plantillas y acabar con la precariedad entre el profesorado y el personal de administración y servicios. Además, aunque el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 establece una tasa de reposición de efectivos superior a la fijada en la última década (120%), mientras exista dicha tasa, no será posible recuperar las plantillas anteriores a la crisis que comenzó en 2012.
Respecto al mediático asunto de la Gobernanza en las Universidades, sí que se ha logrado en parte que los valores y principios democráticos, que emanan de la fórmula del sufragio universal queden reflejados en el segundo texto, aunque rechazamos la falta de representación del Personal de Administración y Servicios en los órganos de gobierno y una descripción y regulación más amplia de los órganos que deben, en cada Universidad, vigilar el cumplimiento de las Leyes de Igualdad (Género y/o Discapacidad).
En el título del Personal Docente e Investigador se han producido algunos avances, pero UGT sigue insistiendo en que las figuras docentes e investigadoras que describe esta ley no permitirán desarrollar una carrera profesional eficiente y eficaz, básicamente porque:
– No se establece la carrera horizontal, además de la vertical que debería estar basada en la promoción interna;
– La dificultad que va a suponer el acceso a la carrera, para la que se exige el título de doctor (desaparece la figura del Ayudante) para todos aquellos jóvenes que no puedan permitirse económicamente costearse un doctorado;
– La vía propuesta para la estabilización de las conocidas figuras “alegales” y aquellas con un contrato precario debe estudiarse más profundamente; es necesario que el Ministerio exija a las Universidades que realicen unas RPTs reales y verdaderas y comuniquen los datos de contratación de todo el personal que gestionan.
La regulación de los derechos de las figuras de PDI laboral que han quedado a extinguir, y las que ya venían de esta situación previamente, ha de quedar redactada de modo más imperativo en sus disposiciones transitorias.
La falta de homogeneidad territorial de la figura del profesor permanente que, bajo nuestro punto de vista, dificultará aún más la movilidad del profesorado dentro de nuestras fronteras y hará imposible la deseada creación de un sistema de concurso de traslados. Esto nos lleva directos a estar preocupados por cómo será la coordinación entre las distintas agencias de acreditación autonómicas (parece ser que todas las autonomías deberán contar con una) y la ANECA.
Por otro lado, consideramos que la Ley regula aspectos cuyo desarrollo debe ser reglamentario, concretamente del futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador (al que de nuevo se da un año de plazo para su publicación, como en el 2007), entre ellos el régimen de dedicación y los procedimientos de concurso, y sin embargo presenta algunas carencias legislativas, como la necesaria regulación de las retribuciones del profesorado, cuya normativa está completamente obsoleta.
Seguiremos reivindicando la reducción de la temporalidad a un 8%, tal y como ocurre con el resto de administraciones públicas, aunque valoramos la reducción que esta Ley impone del 40% al 20% y el aumento del porcentaje de PDI Funcionario al 55%. Estas disposiciones deben ser protegidas jurídicamente mediante medidas coercitivas ante su incumpliendo si queremos verdaderamente acabar con la precariedad y evitar nuevas fórmulas que se utilicen para bordear la legalidad.
El próximo día 11 de noviembre se celebrará otra reunión en la que esperamos tratar los títulos que han quedado fuera de estos debates y que se acepten estas reivindicaciones.
La precipitación para presentar a trámite parlamentario no puede dar lugar a una indefensión de los trabajadores y trabajadoras, de todos los colectivos de la Universidad; la responsabilidad es grande.
